En un amplio análisis de situaciones políticas para este 2024, se centra el próximo proceso electoral de México, y por supuesto del Estado de Quintana Roo, donde se elegirán Presidencias Municipales, Cabildos, Diputaciones locales y Federales, así como la Presidencia de la República.
En ese contexto, no es desconocido que el interés de quienes buscan la representación del pueblo, quieran por todos los medios posicionar su imagen y en su caso mensajes de convencimiento político o en estricto sentido sus propuestas de campaña, dado que los procesos de los institutos políticos ya iniciaron junto con el 2024, se esperan una serie de propuestas a la ciudadanía, que van desde mejores sueldos, menores impuestos, mejores servicios, como por ejemplo, el ya recurrente tema del agua potable, que ha sido explotado desde hace muchos años con tintes electorales.
Con las conocidas promesas de pagar menos o hasta de borrar deudas de recibos de agua potable, cosa que por experiencia de quienes han hecho caso a estos ofrecimientos a cambio de un voto, nunca han funcionado por parte de quienes asumen o no son electos por el puesto popular, ya que no realizan nada o simplemente abusan del ciudadano, engañándolo o desinformándolo, en relación a un tema que simplemente no es viable en el contexto legal.
Es así, como desde políticos activos o inactivos, figuras públicas o nuevos aspirantes a algún espació en la vida política del estado, buscan convencer con esta moneda de cambio, argumentando que son los especialistas en el tema para representarnos, tal es el caso de regidores como Marciano “Chano” Toledo Sánchez, en Playa del Carmen; o como León Lizárraga Cubedo, presidente del Instituto de la Administración Pública de Quintana Roo (IAPQROO), asociación establecida en la capital del estado, quienes se han pronunciado por contender en las próximas elecciones, y que juegan con estas estrategias de posicionamiento, sin importar realmente el trasfondo del tema, o sacándolo de contexto, escudándose en el “derecho al agua” como lo marca la constitución política en su artículo 4º, y tomándolo como bandera de lucha por quienes más lo necesitan y los sigan hasta el día de las elecciones con su voto, porque no olvidemos que “en la guerra y en el amor, todo se vale”, pero en tiempos electoreros más.
Como se ha dicho en muchas ocasiones, en el bastante “utilizado” tema del agua, hay que recordar que, para el cobro del servicio de agua potable, existen componentes que se deben de tomar en cuenta tales como la energía eléctrica y la Unidad de Medida de Actualización (UMA).
De acuerdo al artículo 7 de la “Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en el estado de Quintana Roo “El monto de las cuotas y tarifas que se establecen en este ordenamiento, se ACTUALIZARÁN anualmente en la misma proporción de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) publicado por el INEGI.
Y “Adicionalmente, a las tarifas de uso doméstico, comercial, industrial, hotelero, de servicios generales a la comunidad y parques acuáticos podrán ser ACTUALIZADOS cada vez que exista un incremento en el costo de la energía eléctrica”. Como lo señala la Reforma del 22/03/2011.
En términos simples y reales, las tarifas en Quintana Roo no se aumentan, solo se actualizan aplicando los valores de la UMA y el costo de la energía eléctrica de acuerdo a la ley estatal vigente. Como ciudadanos debemos estar atentos ante los discursos oportunistas de los aspirantes y suspirantes en tiempos electoreros, que no le digan y que no le cuenten, ya lo sabe en está contienda electoral todo se vale, menos engañar por su voto.
