Chetumal.- El director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), José Alberto Alonso Ovando, prepara su triunfal salida del gobierno estatal con la simulación de gastos millonarios, aprovechando ahora a la empresa facturera: Lamutech S. de R.L. de C.V., propiedad de María del Rosario Pérez Guerrero, para emitir contratos millonarios por bienes y servicios injustificables.
A través de dos acuerdos, uno por 3 millones 572 mil 43.10 pesos que ampara la compra de “papelería y consumibles” y otro por 1 millón 57 mil 821 pesos con 40 centavos por la supuesta adquisición de “material de limpieza”, hizo entrega de un total de 4 millones 629 mil 864 pesos con 50 centavos, por insumos que ni siquiera aparecen desglosados.
En la revisión del par de contratos entregados por quien fuera uno de los hombres cercanos al exgobernador Roberto Borge Angulo, encerrado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, por delitos de peculado y aprovechamiento ilícito del poder; se encontró que, si bien aparecen los montos y conceptos contratados, no aparecen los artículos que comprenderían dichas adquisiciones.
Uno de estos acuerdos, el AGEPRO/LPN/ADQ/001/2022, con fecha 10 de marzo de 2022, hace mención de la “Adquisición de Papelería y Consumibles” por 3 millones 572 mil 43.10 pesos; da los pormenores de la empresa, como el hecho de que Lamutech S. de R.L. de C.V., fue constituida bajo la escritura pública número 0323, el día 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, así como estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con fecha 26 de marzo del mismo año.
Su Registro Federal de Contribuyentes, da su domicilio fiscal, e informa estar inscrito en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado con Folio 0625; más no hace mención del objeto social de la empresa, ni mucho menos muestra un desglose del tipo y costo de papelería o consumibles a entregar en el periodo de ejecución del contrato comprendido entre el 10 de marzo y 31 de diciembre de 2022.
Lo más que informa es que el suministro de los materiales objeto del contrato, serán entregados en las oficinas de la Agepro ubicadas en Tulum, Cozumel, Cancún y Chetumal.
El segundo acuerdo con número AGEPRO/LPN/ADQ/002/2022, casi una calca del anterior con la diferencia de tratarse ahora de la “Adquisición de artículos de limpieza” con valor de 1 millón 57 mil 821.40 pesos; fue firmado al día siguiente con misma fecha de ejecución entre el 11 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, así como repetir el método de no detallar artículos ni precios.
De acuerdo al resumen de actividad como proveedor de Lamutech S. de R.L. de C.V., antes del par de contratos millonarios entregados por Alonso Ovando, apenas llevaba un record de 14 contratos como proveedor de entidades públicas por un total de 232 mil 596 pesos entre los años 2019 y 2021.
Su principal cliente hasta entonces, había sido la Cobaqroo, misma que le hizo una compra por 89 mil 771.50 pesos el 30 de julio de 2021 por la “Adquisición de Material de Impresión para los Centros Educativos y Unidades Administrativas del Cobaqroo”.
Sin duda la suerte financiera de la empresa cambió con el par de contratos entregados por José Alberto Alonso Ovando.
Un pillo con colmillo largo
Lo incomprensible de este personaje que por muchos años sirvió al corrupto Félix González Canto, como titular de la desaparecida Secretaría de Planeación y Desarrollo (Seplader); y fue operador de Roberto Borge Angulo a través de CAPA y la SEyC, donde desapareció al menos 230 millones de pesos durante el borgismo -de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación-; es que continuara al frente de dependencias estatales tras la salida de Borge Angulo.
Y es que, pese a su turbio historial como agente del disoluto Roberto Borge –o tal vez por eso–, el gobernador de salida, Carlos Joaquín González, lo mantuvo bajo la nómina estatal a lo largo de su administración, pese a que en algún momento José Alberto Alonso Ovando fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito que lo llevaron a poseer numerosas propiedades a lo largo del Estado.
Sin importarle turbio pasado, lo mantuvo al frente de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), donde Roberto Borge lo dejó en diciembre de 2013, luego de haberlo mantenido como director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) desde el inicio de su administración en 2011.
Entidades donde Alonso Ovando ni resaltó al frente de CAPA, ni aportó absolutamente nada a las artes, la cultura o la educación en Quintana Roo a través de la SEyC. Pero su curriculum sí le sirvió para tener acercamientos con Lamutech y la dueña de ésta, María del Rosario Pérez Guerrero, para recomendarla ampliamente con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.
Entidad educativa que le habría comprado insumos sanitarios por 91 mil 48 pesos, a través de la adquisición de gel antibacterial y guantes de exploración a mediados del 2020, aunque en dichas fechas como todos sabemos, los centros de cultura y educación, se encontraban cerrados ante las medidas de restricción sanitaria por la pandemia de Covid-19.
La factura que lo prueba es la LIC-134, con fecha del 23 de diciembre de 2020, donde se muestra el RFC de la empresa con número LAM1803163X5 y su domicilio fiscal ubicado en Calle Retorno 9 número 111, colonia Campestre, de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco.
Manejado por muchos años como un títere por los hermanos Ortiz Jasso y en su momento los exgobernadores González Canto y Borge Angulo, es uno de los 17 funcionarios vinculados con Roberto Borge, investigados por la Fiscalía Estatal ante el posible delito de corrupción, durante el tiempo en que se desempeñó como secretario de Educación y Cultura, periodo en el cual se habría hecho de 11 propiedades millonarias en Quintana Roo, distribuidas en Chetumal (3), Tulum (3), Cancún (3) y Holbox (2).
Sobre su historia política, trasciende el hecho de que, en mayo de 2021, Alonso Ovando habría incurrido en violencia política por razones de género contra la exdiputada Judith Rodríguez Villanueva en octubre de 2020, lo cual fue ratificado por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque un mes antes el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), habría desechado tal afirmación.
Según los magistrados de Xalapa, existieron elementos que indicaban la culpabilidad de José Alberto Alonso Ovando de incurrir en violencia política, por lo que ordenaron sancionar al servidor público.
Trascendiendo que ni fue sancionado por Joaquín González, ni por las autoridades electorales que le permitieron contender en los pasados comicios donde buscaba la diputación por el Distrito II de Quintana Roo.
Campaña en la que, en el colmo del absurdo o la burla a sus propios dichos, una de las propuestas de campaña, de quien también se desempeñara como secretario general del PRI en Quintana Roo, fue la de “tolerancia cero para aquellos que violenten a la mujer”.
El diputado “Juanito” como se le reconoció al inicio de la administración borgista, tras ganar una curul en la XIII Legislatura de Quintana Roo, a la cual renunció como un ardid para continuar trabajando en la administración pública, mientras su suplente Alondra Maribel Herrera Pavón se quedaba con el cargo; sin duda pasará a la historia de la política de Quintana Roo, como uno de aquellos servidores públicos menores que se fueron quedando en el camino con sus sueños truncados.
Quiso ser presidente municipal de Othón P. Blanco y nunca obtuvo la nominación por su partido, el PRI, así como perdió en los pasados comicios del 5 de junio cuando buscó ser nuevamente diputado por el Distrito II de Quintana Roo por la coalición Va por México que integraron el PRI, PAN y PRD, y que cayó ante la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, PVEM).
Al menos su andar en el servicio público le habrá dejado buenos frutos tras sumar una carrera política como subsecretario de Desarrollo Económico, subsecretario de Turismo, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, presidente del Fideicomiso Sur Sureste y Secretario de Educación y Cultura.
Tal vez consciente de que su historia en el servicio público está por culminar, ahora busca jalar la mayor cantidad de recursos económicos posibles para su molino, antes de que Carlos Joaquín González entregue la administración el 30 de septiembre, y con su salida, sabe que la suya también está asegurada. Si
Redacción/Sol Quintana Roo
