Tal y como le benefició en su momento durante la campaña electoral rumbo a la gubernatura, todo hace suponer que hoy corresponde nuevamente al mandatario aliancista PAN-PRD, Carlos Joaquín González, el tradicional pago de “facturas” políticas a quienes hicieron posible arrebatarle el bastión del PRI en el Poder Ejecutivo de Quintana Roo.
¿Por qué nuevamente? Porque para nadie es secreto que, por principio de cuentas, tras alcanzar la gubernatura, el ex alcalde de Solidaridad primero debió ponerse “a mano” con los partidos que abanderaron su candidatura. Y conste que no empleamos el término “apoyaron” porque, se sabe, era tanto el hartazgo contra el PRI, que bien pudo ganar hasta como independiente.
Lo cierto es que, inclusive desde antes de tomar posesión, Carlos Joaquín inició el reparto del “pastel” entre perredistas y panistas, éstos últimos los más beneficiados por el financiamiento que recibió del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que buscaba infructuosamente la candidatura panista a la Presidencia de la República.
Así, junto con el pago de favores a políticos locales, también inició la “arribazón” de poblanos, que despojaron a no pocos quintanarroenses de fuentes de trabajo, pese al prometido “cambio” que nunca llegó, amén de que, dígase lo que se diga, existía y existe un imparable ánimo de venganza contra todo cuando oliera a la administración anterior.
Ahora bien, el segundo cobro de “facturas” ocurrirá en julio próximo, con ocasión de las elecciones que, en el caso de Quintana Roo, para buena fortuna de Carlos Joaquín, NO incluye la gubernatura, ya que, quiérase o no, sería de pronósticos reservados, aunque el poder esté en manos del dueño de las “canicas”.
En efecto, dentro de menos de tres meses los quintanarroenses acudirán a las urnas con el ánimo acorde a como les haya ido en la “fiesta”, sobre todo entre los que resultaron o se sienten afectados por el “cambio”, aunque no todos de forma justificada, pero SÍ la mayoría, entre ellos miles de profesionistas, jóvenes principalmente, carentes o arrebatados de alguna fuente de empleo.
Por citar un ejemplo, justificado, en parte, es el caso de los taxistas de Solidaridad que, en mensaje-reclamo a Carlos Joaquín, le anticipan el voto el contra a los candidatos del PAN-PRD para los cargos de elección popular en juego en ese municipio, donde destaca el de la presidencia municipal, donde pretende reelegirse la perredista Cristina Torres Gómez.
Suplida desde el 2 de abril por la Oficial Mayor, Samaria Angulo Sala, la ex funcionaria no sólo demostró carecer de capacidad para gobernar un municipio con tantos problemas de inseguridad y falto de servicios públicos, sino que triunfó circunstancialmente en unas elecciones que le beneficiaron ante la renuncia del priísta Gabriel Mendicuti Loría a participar.
La venganza del electorado de Solidaridad -y probable derrota de los candidatos de Carlos Joaquín- resultará más grave si se considera que dicho municipio es cuna del mandatario, así como de otro de sus candidatos, el también ex alcalde Miguel Ramón Martín Azueta, quien buscará la diputación federal abanderado por Movimiento Ciudadano.
¿Por qué sólo en parte es justo el reclamo del sindicato de taxistas, choferes y concesionarios deSolidaridad? Porque, según su misiva, después de muchos años de sufrir embates de malos gobiernos emanados del PRI, que lo único que hicieron bien fue hacerse ricos al amparo del poder, no han podido salir del gran bache que les dejaron,
Al igual que en el resto de Quintana Roo, esos gobiernos, encabezados por los priístas Félix González y Roberto Borge, sólo dejaron durante 42 años una estela de pobreza y necesidad, en un Estado que, con todo y sus riquezas naturales, provocó que la mayoría de la gente tomara la decisión de no más malos gobiernos.
En este sentido, dicen, “nos dimos la oportunidad de que un hombre como usted nos devolviera la esperanza de que podríamos cambiar la historia y que en verdad las oportunidades mejorarían”, explican, aunque aclaran que ha pasado más de un año desde que llegó al poder, y NO sienten su presencia y “estamos igual o peor que antes”.
Más adelante, le recuerdan al mandatario que el 29 de mayo del 2016, con ocasión de su cierre de campaña en Playa del Carmen, se comprometió con los trabajadores del volante a que los sindicatos de taxistas dejarían de ser la “caja chica” de gobierno y a que ya no se venderían más concesiones para financiar campañas políticas.
Lejos de ello, denuncian que, tan sólo en Solidaridad, se han vendido ¡poco más de mil 300 concesiones! en lo que va de su gobierno. En tanto que de las cosas que prometió ninguna se ha realizado en favor de los taxistas organizados del Estado.
Hasta ahí las cosas, tienen razón en su reclamo, no así en que “a esa falta de cumplimiento de su palabra” pretendan sumarle que el mandatario convoque a la consulta pública basada en la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, en vigor en marzo de este año, según ellos, a modo para evadir su responsabilidad de cumplirles lo que les prometió en campaña.
Los taxistas argumentan que Carlos Joaquín ofreció preguntarle a la gente si estaba de acuerdo en que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales, esto en torno al ingreso de Uber al Estado.
Con esta medida, dicen, “creemos que se burló de nosotros”, que sólo los utilizaron una vez más para fines electorales y defraudó su esperanza porque ya sabía de la nueva Ley de Movilidad Urbana y que debía permitir la entrada de Uber por presiones de los que financiaron su campaña, por lo que lamentan que sea uno más de los políticos en la cárcel, de los que pensaron que ya se habían librado.
Así las cosas, lamentan no haberse dado cuenta de la simulación, pero advierten que esa gran familia taxista le cobrará la “factura” en julio, cuando no sólo razonarían mejor su voto, sino que harían lo necesario para proteger su patrimonio, pues, de ser preciso, se manifestarían día y noche hasta que se desista de la consulta pública, aunque en un marco de estricto respeto, “pero con mucha valentía, como cuando nos la jugamos con usted”.
Concluyen que procurarán que NO vuelvan a postularse para algún cargo de elección popular los políticos sin palabra ni compromiso con los trabajadores del volante organizados del Estado, algo así como establecer “reglas de juego”, por lo que dicen, ajenas a los intereses del pueblo, usuarios y, sobre todo, al Estado de Derecho.
Por si faltara algún comentario sobre el particular, cabe recordar la máxima en torno al aforismo “Dura lex, sed lex” que, originado en el Derecho Romano, significa que “dura es la ley, pero es la ley”, similar a “Durum est, sed ita lex scripta est”, que quiere decir “es duro pero así fue redactada la ley”, lo que permite entender la dimensión que el poder de la ley posee en sí misma.
En este sentido, nada está inventando Carlos Joaquín al aplicar estrictamente la ley, aunque quizá lo que moleste a sus ahora detractores, taxistas o no, es que les hubiera engañado desde un principio -sólo lo saben los interesados-, sobre todo en el caso de Uber, ya que el tema se manejaba en todo el país desde antes de las campañas de ese entonces.
¿Cuál es el real interés de los taxistas? Es claro: ¡Seguir monopolizando un servicio del que ya están hartos no sólo los quintanarroenses, sino los usuarios de todo el país! Quizá el servicio de Uber sea más oneroso o no esté al alcance de la mayoría, pero, por lo menos, resulta más digno y decoroso para quien los sostiene y ha soportado por años su prepotencia.
Pero de eso a que Carlos Joaquín haya entregado más de mil 300 concesiones en año y medio -como hacía el PRI que tanto criticó-, ni quien defienda el “cambio”… y de que miles de votantes le cobrarán “facturas” en las urnas, ¡puede Usted jurarlo! ¿Quiénes serán las “víctimas? ¡Muy pronto lo veremos!
Fuente: Luis Angel Cabañas
