Con un quebranto patrimonial al erario que la Auditoría Superior de Quintana Roo estimó en 11 mil 813 millones de pesos hasta agosto del 2017, el gobierno de Roberto Borge involucraba hasta 84 colaboradores, contra los cuales existían supuestamente 27 denuncias penales por parte de la Fiscalía General del Estado, aunque los daños podrían superar los 16 mil millones.
Hasta ahí las cosas, a siete meses de distancia, el tema de la cuestionada administración priísta anterior continúa siendo una verdadera incógnita, ya que las buenas intenciones del gobierno de Carlos Joaquín González están en manos de dos instituciones: Una que, contra viento y marea, encabeza Miguel Ángel Pech Cen, y la otra, el Poder Judicial, que preside Antonio León Ruiz.
En efecto, las expectativas de los quintanarroenses sólo pueden apostar a algunas alternativas: La Fiscalía no ha armado las respectivas denuncias, lo hizo incorrectamente, los juzgados penales se han negado a “obsequiar” las órdenes de aprehensión por estar mal fundamentadas, o por existir algún interés político, o bien la Fiscalía no las ha querido o no ha podido cumplir.
Pero lo cierto es que del escandaloso número de implicados sólo se ha detenido a cerca del 10%, entre ellos el propio Roberto Borge, lo que no puede ser motivo para sentirse satisfecho Carlos Joaquín, toda vez que, pese a tratarse de uno de los “peces gordos”, existe más fondo y hasta hoy se ignora a cuánto ascienden los recursos recuperados o qué se hizo con ellos.
Asimismo, no sólo no se ha dicho nada sobre personajes cuyo “plumaje” quedó sin mácula -¿Verdad “Javicho”? ¿Verdad Alcérreca?-, sino tampoco en torno al destino de los acusados, o bien por qué la ley ha sido benéfica con algunos, tales que los jueces han permitido prisión domiciliaria.
Por si fuera poco, tras la captura del ex gobernador, cuando corrieron kilómetros de tinta de información, poco o nada se ha dicho sobre su destino, al grado tal que no pocos ignoran cuál es su situación legal, o bien se han olvidado los nombres de los principales implicados.
Lo cierto es que, después de haber sido extraditado de Panamá a México el 4 de enero y al término de una audiencia inicial que duró cerca de 14 horas, el juez de control del Estado de México, José Artemio Zúñiga, otorgó a la PGR seis meses para cerrar la investigación complementaria respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea “lavado” de dinero.
Además, dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra Borge en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, ya que el Artículo 400 Bis fracción II previó la modalidad de ocultar y pretender ocultar bienes en territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
El ex mandatario no obtuvo el arraigo domiciliario por haber estado prófugo por varios países y contar con recursos económicos suficientes para, en su caso, intentar evadir a la justicia, además de que la PGR presentó 89 pruebas en su contra, aunque sólo para demostrar un quebranto al erario por unos 900 millones de pesos por la venta de 22 predios a un costo muy por debajo de su valor real y favorecer a amigos y familiares.
Además, lo acusó de idear y ejecutar un plan para enajenar y ocultar las transacciones de la venta de los terrenos, para lo cual habría utilizado a la directora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario dl Estado, Claudia Romanillo Villanueva, quien se encargaba de la enajenación de predios de diversos municipios, algunos ubicados en áreas de reserva.
Conforme a la audiencia inicial, en el Centro de Justicia Federal de Nezahualcóyotl, se detalló que los 22 terrenos se vendieron hasta en un 80% menor a su precio real a familiares y amigos de Borge, entre ellos su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla, y el abogado de la familia, Cesar Celso González Hermosillo, quién también operaba como su “prestanombres”.
Por ejemplo, un terreno se vendió a la madre en un área de reserva en 13.7 pesos el metro cuadrado, cuando en realidad costaba 2 mil pesos. El total de predios vendidos abarcan una extensión de 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados, equivalente a dos veces la extensión de Isla Mujeres y 10 veces la de Xcaret.
Las investigaciones se basaron en una denuncia de la consejera jurídica del Gobierno del Estado, Roxana Lilí Campos, quien detectó la irregularidad desde que tomó posesión, aunque el propio Borge era presidente del Consejo del Instituto del Patrimonio, por lo que estaba enterado de la enajenación.
Las PGR también detectó por lo menos cinco empresas “fachada” para triangular los recursos, aunque durante toda la audiencia el exgobernador se negó a declarar cuando, tras lo cual se le notificaron las órdenes de aprehensión por delitos del fuero común.
Se trata de tres acusaciones por peculado, aprovechamiento ilícito del poder y ejercicio indebido de la función pública por un presunto quebranto al erario local por poco más de 3 mil 104 millones de pesos, delitos por los que Borge tramitó un amparo y obtuvo una suspensión, pero debió pagar 85 millones de garantía que no cubrió.
Hasta donde se dijo, el juez federal determinaría si se autorizaba su traslado a Quintana Roo, si las audiencias serían por videoconferencia, o si las autoridades locales se trasladarían al lugar donde se internó al ex mandatario para esas audiencias.
La Fiscalía del Estado anunció que se podría ampliar el número de ilícitos imputados, pues “no está restringido su derecho para ampliar a más delitos” contra Borge, detenido el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo a París, Francia.
En Panamá, enfrentó un proceso de extradición a México que concluyó en diciembre último, cuando la Corte Suprema de ese país resolvió entregarlo por no encontrar evidencia de violación al proceso en su contra.
En un recuento de involucrados en el “Caso Borge”, que rindió protesta como gobernador el 5 de abril de 2011, el portal de Excelsior diría el 4 de enero último que el desvío de recursos y el número de personas e instancias involucradas, incluyen prácticamente a los altos mandos de TODO el gobierno
En efecto, su red de corrupción incluye a exfuncionarios y particulares, en un desvío de recursos que involucró a casi todas las dependencias estatales y a diversos gobiernos municipales, incluso a otras entidades, como es el caso de Tabasco, donde su ex alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, aspirante a la gubernatura en los próximos comicios, fue investigado por la SEIDO, por sus presuntos vínculos en el saqueo.
Entre los implicados y procesados por peculado y desempeño irregular de la función pública se incluye la exdirectora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable, Ana Alicia Rivera Galera, por el presunto desvío de mil 56 millones de pesos. Fue vinculada a proceso por peculado, aunque desde el 26 de noviembre se le impuso prisión preventiva y embargo de bienes, entre ellos un predio de Othón P. Blanco y dos vehículos.
Asimismo, se incluyó a la exdirectora de la paraestatal, Paula González Cetina, detenida a fines de noviembre, acusada de peculado y vinculada a proceso, por lo que el juez solicitó prisión preventiva, al igual que en el caso del ex tesorero y ex director de la Administración Portuaria Integral, Roosevelt Erce Barrón Barrera, detenido el 25 de noviembre cuando pretendía viajar a Estados Unidos desde Tijuana.
Se le vinculó a proceso por el uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que se le embargaron tres propiedades de OPB, Cozumel y en la carretera Tulum-Playa del Carmen, así como un Tsuru 2009 y una camioneta Traverse 2017.
También incluye al ex secretario de Desarrollo Urbano y ex Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, detenido el 9 de noviembre, y vinculado a proceso por su desempeño irregular de la función pública, sentenciado a 5 meses y 20 días de cárcel, así como reparación del daño por 39.7 millones de pesos.
Por su parte, el ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, Víctor Hugo Loyola Corona, fue detenido el 3 de septiembre por desempeño irregular de la función pública y el presunto mal manejo de más de 11 mil 813 millones de pesos, por lo que se le decretó prisión preventiva, estaba recluido en el penal de Chetumal y se le embargaron bienes. Otros involucrados son:
-La ex titular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, acusada de autorizar la enajenación de predios públicos a precios subvaluados, como parte del remate territorial estatal, aunque interpuso un Amparo para evitar su detención y logró la suspensión provisional de un juez de Distrito. Se ignora su paradero.
-Junto con la orden contra Romanillos, también figuran la ex secretaria de Borge, María de Lourdes Pinelo Nieto, y el abogado de la familia Borge y socio de la naviera “Barcos Caribe”, y de la inmobiliaria Caracol 65, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
-El ex director de VIP-Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, detenido el 4 de julio por el desempeño irregular de la función pública, al día siguiente mereció prisión preventiva, y el 11 de julio fue vinculado a proceso, aunque apenas el sábado 24 último resultó favorecido con arresto domiciliario tras permanecer preso poco más de 8 meses en Chetumal.
-Fabián Vallado Fernández, ex delegado de la Sedesol, también está ligado al desfalco, acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, aunque había sido investigado por la Fepade, luego que se le evidenció usar programas sociales para fines electorales. Tras dejar la dependencia se dice que cuidaba las empresas de Borge y fue parte del grupo que lo visitó en Panamá.
-Paulina García Achach, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), detenida el 8 de mayo de 2017, libró la prisión con una fianza. Es acusada de desempeño irregular de la función pública, por lo que el Juez de Control decretó embargo de bienes por 18 millones de pesos en seis propiedades de Cozumel y un automóvil de lujo.
-Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas, tiene varias denuncias penales y de juicio político, una por enriquecimiento ilícito, aunque el 10 de mayo de 2017 solicitó un amparo para evitar su detención y el juez Tercero de Distrito de Quintana Roo le negó la suspensión definitiva por lo que la orden sigue vigente. Está acusado de desviar mil 464 millones de pesos.
Se teme que obtenga un Amparo que le permita asumir la diputación federal que heredó como suplente del ex priísta José Luis “Chanito “Toledo Medina, quien solicitó “licencia” el 3 de marzo último para buscar la presidencia municipal de Benito Juárez, ahora postulado por el PRD.
-José Alberto Alonso Ovando, exsecretario de Educación y Cultura, posee 11 propiedades en Chetumal, Holbox, Cancún y Tulum, según el Registro Público de la Propiedad. El 3 de abril de 2017 solicitó Amparo ante una orden de aprehensión librada por el juez Primero de lo Penal de Quintana Roo por desviar por al menos 8 millones de pesos en 2015, según la Auditoría Estatal.
-Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, exsecretario del Trabajo, con dos inmuebles a su nombre en Cancún e Isla Mujeres, es acusado de orquestar juicios laborales ficticios para despojar a hoteleros de Tulum y departamentos de lujo en Cancún. Representantes legales y abogados de los desfalcados revelaron que permitió simular un juicio con trabajadores falsos para hacerse de 4 departamentos que, tras un amparo, les devolvieron a sus dueños, esto relacionado al caso de la Torre Maioris, en Cancún.
-Gabriel Mendicuti Loria, acusado de favorecer a sus empresas desde los cargos públicos como alcalde de Playa del Carmen y titular de Sintra con Félix González -con Borge fue secretario de Agricultura y de Gobierno-, y según el Registro, posee 18 bienes en Playa del Carmen, por lo que tenía orden de aprehensión por su presunto desvío de 6 mil millones de pesos en simulaciones de renta de maquinaria y apoyos al campo. Fue detenido el 20 de enero, pero acusado de desviar 534 millones.
-Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente, cesado en 2009 públicamente por el entonces presidente Felipe Calderón como delegado de la Semarnat como responsable de ordenar destruir un manglar. Borge o nombró en 2013 como titular de Ecología, pese a ser señalado por fraudes, despojos y otros crímenes en complicidad con su esposa y otros miembros de su familia.
-A Saúl Badillo Perry, esposo de la secretaria de Salud de Carlos Joaquín, Alejandra Aguirre Crespo, lo investiga la Fiscalía por su negligencia en la pérdida de 65 mil vacunas cuando era director de Servicios de Salud hasta 2011. Fue responsabilizado del aumento del dengue en la entidad por su nula aplicación de campañas de prevención, cuyos recursos se habrían desviado a otros fines. Está relacionado con el grupo de 17 personas del primer círculo de corrupción de Borge.
-Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de Agua Potable, solicitó un amparo para evitar su aprehensión y se desconoce su paradero, aunque es parte de la lista de presuntos responsables del desvío de mil 562 millones de pesos de la CAPA durante el periodo de Borge.
-Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario de Finanzas, considerado uno de los principales operadores financiero de Borge. Dicen que habría salido del país y refugiado en Líbano, ya que desde marzo del 2017 tenía orden de aprehensión, aunque su relación con Borge se remonta al 2006, cuando éste era Oficial Mayor, y Villanueva director general de Administración. Según el Registro Público posee 4 propiedades en Chetumal y OPB.
-Edgar Méndez Montoya, presunto prestanombres de Borge, es el primer implicado sin haber sido servidor público. De acuerdo a la carpeta de investigación 351/2017, se le acusa de estar relacionado con la compra de seis predios, por los que pagó 11.5 millones de pesos al IPAE, cuando su valor real era de 189.7 millones.
-Otros vinculados son: Marilyn Rodríguez, hermana de Mauricio, primer colaborador de Borge detenido; la ex diputada del Verde “Ecologista”, Gabriela Medrano Galindo; el ex alcalde de Solidaridad, ex secretario de Finanzas de Borge y ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, detenido disfrazado el 25 de enero último; los ex titulares de Sintra, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo -éste también investigado por la simulación de renta de maquinaria para obra pública-; y el ex titular de la Gestión Pública, Gonzalo Herrera Manzanilla.
Finalmente, se vincula al ex director administrativo de la Secretaría Estatal de Salud y ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte, Raúl Aguilar Laguardia, hermano del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mario Aguilar, por lo que aquél obtuvo en febrero último un amparo provisional ante el Juzgado Sexto de Distrito para evitar enfrentar la justicia.
Así las cosas, con sólo ocho detenidos de 84 involucrados en el desvío de más de 16 mil millones de pesos, queda en duda la efectividad de la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial y esperar hasta julio próximo -curiosamente después de las próximas elecciones- para conocer el destino de Roberto Borge, aunque NO del acusado del auto atentado en la explosión de un barco en Playa del Carmen…sino de su hijo “Betito”.
Fuente:Luis Angel Cabañas
