A dos días de que el juez de control emita una resolución en torno a la demanda contra el ex titular de Finanzas de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, por “lavado” de dinero, el tema del otrora colaborador de mayor confianza del gobernador Carlos Joaquín parece complicarse cada vez más, al involucrarse una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas.
En efecto, el juez que liberó la orden de aprehensión por demanda del Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinará este miércoles si el ex funcionario recibe una suerte de formal prisión y se le traslada a la cárcel, ya que sólo goza de libertad en virtud de no ser grave el delito que se le imputa, aunque, como medida cautelar, habría depositado una considerable fianza, cuyo monto se ignora.
Como era de esperarse, intereses encontrados dieron origen a una serie de versiones, la principal de ellas en el sentido de que obtuvo su libertad por no haber acreditado su responsabilidad la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuando que, en realidad, se acreditó perfectamente el delito.
La detención del ex funcionario, quien también podría perder la posibilidad de ser candidato a diputado federal por la coalición PAN-PRD, el primero de los cuales, al igual que el propio gobernador Carlos Joaquín, se desmarcó públicamente del aspirante, se realizó en la ciudad de Cancún.
Víctima del llamado “llueve sobre mojado”, Vergara Fernández también es señalado de haber “lavado” dinero en su natal Puebla en complicidad con el otrora aspirante a la Presidencia de la República, el ex gobernador panista Moreno Valle, entonces “gallo” de Carlos Joaquín, cuya candidatura habría financiado.
Asimismo, el ex secretario de Finanzas habría “lavado” dinero del ex diputado local y ex alcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, además de que, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sería accionista de por lo menos 15 empresas que no reportó en su declaración 3de3.
En relación con la magistrada del Poder Judicial de Quintana Roo, en lo que se podía configurar un eventual conflicto de intereses, se trata de Verónica Acacio Trujillo, señalada por diversas publicaciones como socia de Vergara Fernández en las empresas Maeco Empresarial de Control Administrativo, Tradiciones del Caribe, Orgullo del Caribe y Tesoros del Caribe.
Designada polémicamente en noviembre de 2016 junto con Luis Gabino Medina Burgos y Dulce María Balam Tuz como magistrada de número por seis años -hasta noviembre de 2022- para completar a 12 el número de miembros de este Poder, su nombre surgió de una terna que “recomendó” Carlos Joaquín.
Curiosamente, Verónica Acacio, a quien, entre otros, se acusó de litigar a través del abogado Marco Larroza para fijar una fianza de 41 millones de pesos a Diego Gutiérrez Marcos por la presunta falsificación de documentos, sería socia en seis de las 15 empresas que no reportó Vergara Fernández en su declaración 3de3.
Respecto al “lavado” de dinero en Puebla, la ex diputada federal del PAN y precandidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, exhibió facturas en la compra de mototractores y propaganda con sombrillas, así como tuits oficiales para documentar la relación de negocios y complicidades entre Moreno Valle y Rivera Pérez con Vergara Fernández.
Entre los favorecidos con los supuestos servicios que éste ofreció vía corrupción, “lavado” de dinero y enriquecimiento ilícito, mencionó a Moreno Valle, quien busca imponer a su esposa Martha Érika Alonso Hidalgo al gobierno de Puebla; además de Javier Duarte de Ochoa, en prisión por actos de corrupción en Veracruz; el también detenido ex gobernador Roberto Borge, así como el chiapaneco Manuel Velasco Coello, el yucateco Rolando Zapata Bello y el potosino Fernando Toranzo.
Según la denuncia, Vergara Fernández y Roberto Arandia Gutiérrez “El Rojo” habrían sido los encargados de proporcionar sombrillas de promoción durante la campaña a gobernador de Moreno Valle, y a presidente municipal de Rivera Pérez.
Asimismo, a través de la empresa televisora México Travel Channel y Salud TV, habrían transmitido por televisión de paga y radio tanto los informes de gobierno de Moreno Valle, como publicidad de todo tipo de actos en los que el entonces mandatario pretendía posicionarse en sus aspiraciones a la Presidencia de la República.
Inclusive, Moreno Valle sería motivo de burla por salir en varios canales y medios que carecían de temática política, como en el caso de Salud TV, propiedad también de Juan Vergara y transmitida por Arandia Gutiérrez, todo lo cual obraría en facturas, contratos y sentencias, inclusive tweets de la cuenta de Juan Vergara reconociendo este hecho.
Después convertido en Acus-k, México Travel Channel habría adquirido 32 concesiones de frecuencias de radio, en tanto Arandia Gutiérrez compraría la compañía LiveNetwork, gracias a lo cual el espectro radial y televisivo permitiría cobertura nacional.
Por otro lado, Violeta Lagunes ratificó que, como se sospechaba, Moreno Valle habría apoyado las aspiraciones de Carlos Joaquín para la gubernatura de Quintana Roo, con Rivera Pérez como coordinador de campaña, por lo que, una vez que se convirtió en mandatario, un grupo de poblanos, conocidos como “El Cártel Poblano”, fue contratado en su gobierno.
Entre éstos incluyó a Vergara Fernández; Rocío Moreno Mendoza, coordinadora de Vinculación Gubernamental, hoy responsable de la Secretaría de Desarrollo Social; José Antonio Mendoza Ramírez; coordinador General del C-4; Eukid Castañón Herrera, responsable del Despacho Solución Total Consultores y Corporativo Ealog; Héctor Hernández Sosa, responsable del Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo; y Eduardo Rivera, con UDLAP Consultores.
Pese a que el mandatario y colaboradores siempre han negado la invasión de poblanos que han desplazado a quintanarroenses, principalmente en la capital chetumaleña, la lista también incluye a Eduardo Alcántara Montiel, asesor en la Coordinación de Agenda Legislativa, todos ellos ligados al grupo de Moreno Valle y Eduardo Rivera.
Lo cierto es que Vergara Fernández habría firmado un convenio en el 2015 con el propio gobierno de Peña Nieto, según el portal Animal Político
Ahora bien, si su detención deriva de la denuncia del SAT, sería interesante determinar qué ocurrió con la que presentó Carlos Mimenza en marzo del 2017, donde pidió investigar contratos millonarios de Vergara Fernández con los gobiernos de Moreno Valle (Puebla), Javier Duarte (Veracruz), Manuel Velasco (Chiapas), Rolando Zapata (Yucatán), Roberto Borge (Quintana Roo) y Fernando Toranzo (San Luis Potosí)
Según recuerda el portal “El Heraldo de Puebla”, “Maya sin fronteras” publicó el 13 de diciembre del 2016 que la relación Carlos Joaquín-Moreno Valle-Juan Vergara se consolidó entre 2010 y 2013, cuando, siendo el primero subsecretario de Turismo, se decidió que el Tianguis turístico de Acapulco se trasladara a Puebla para el año 2013.
El evento se convirtió en el más importante de Moreno Valle con realce nacional e internacional, y México Travel Channel manejó las cuentas de promoción de la Secretaría, así como las de los gobernadores Moreno Valle, Roberto Borge, Manuel Velasco, Rolando Zapata y Fernando Toranzo.
En ese entonces la periodista Lydia Cacho pidió en enero de ese año investigar al diputado federal poblano del PAN, Eukid Castañón Herrera, sobre su posible intervención en el control político en el Estado de Quintana Roo, aunque en 2017 existiría una denuncia penal contra ese personaje de parte de mil 500 ejidatarios.
En efecto, los ejidatarios de Puerto Morelos lo acusaron de fraude y robo por 1.5 millones de pesos que les pidiera dinero a cambio de entregar apoyos de un Fondo de Ecoturismo que jamás les dio.
A través de un oficio al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, los denunciantes explicaron que el funcionario pidió mil pesos a cada uno de ellos para participar en la entrega de este fondo, con la complicidad de la empresa “Soluciones Totales S.A. de C.V.”, pero nunca llegó, por lo que pidieron al CEN del PAN expulsar al legislador.
Por su parte, Carmen Aristegui dijo que Castañón Herrera forma parte del grupo político de Carlos Joaquín, y que se habría apoderado del Congreso del Estado
La pregunta obligada sigue siendo si Carlos Joaquín había decidido deshacerse de su ex colaborador tras haber pagado “su factura” de campaña con Moreno Valle o con el propio Vergara Fernández, y si habría hecho lo propio con los casos de Julián Ricalde Magaña y Miguel Ramón Martín Azueta, quienes, al igual que el primero, buscan las candidaturas federales para las elecciones del 2018.
Fuente: Luis Angel Cabañas
