¡Costoso “Antinativismo” de CJG¡

 Increíblemente ignorado por la mayoría de la población, e indiferente para las autoridades, una situación queda cada vez más clara tras el reciente curso en materia laboral que, como parte del Diplomado sobre Juicio de Amparo, imparte a los Abogados la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La desprotección jurídica de las policías.
         En efecto, pese a los cada vez más recurridos -pero cuestionados- derechos humanos que, al menos en teoría, debiera procurar igualdad jurídica para todas las personas, lo cierto es que, por lo menos en el caso de las policías, la legislación mexicana es cada día menos pródiga para salvaguardar su dignidad y derechos.
         Cierto que los agentes forman parte de una de las instituciones más desacreditadas del país en todos sus ámbitos, pero, quiérase o no, también son personas y, por lo mismo, debieran contar con los mismos derechos constitucionales que todos, y más en el ámbito laboral.
         No obstante, pocos o nadie se ha atrevido a tomar al toro por los cuernos, vaya ni siquiera la propia Corte o el Congreso de la Unión, pese al concepto de igualdad de derechos humanos que impone la Carta Magna, particularmente a raíz de sus recientes reformas, que obligaron a la SCJN a instaurar su Décima Época jurisprudencial.
         Las palabras de nuestra ponente, la Maestra en Derecho Melva Idalia Priego Jiménez, no dejaron la menor duda: “La ley prevé que los policías se rijan por sus propias leyes”, pero éstas son de tipo administrativo y, por lo mismo, al menos en el caso de la Ciudad de México, se resuelven a través de los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
         Así, carecen de acceso a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás derechos que prevé la Ley Federal del Trabajo en los Apartados A y B de la Constitución, el primero de ellos para empleados federales, discriminatorio por cierto -en nueva violación a los Derechos Humanos- para “los demás trabajadores”.
         Una de las principales irregularidades en el tema de los policías lo constituye el despido injustificado que, conforme a las leyes administrativas, en caso de demostrarse, sin embargo, no permite su reincorporación al servicio -como en otro empleo “común”-, sino una indemnización.
         Y conste que irregularidades como ésta son recurrentes, por ejemplo en su falta de derecho a huelga, o bien agruparse en torno a un sindicato, previstos en el Artículo 9 constitucional: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.
Hasta donde se sabe, el coahuilense Armando Luna Canales es el único legislador federal que ha planteado el reconocimiento de derechos laborales para los cuerpos de seguridad, y sugiere modificar la Constitución, por lo menos para crear uniones, aunque reconoció que, ante la naturaleza de su función, no tendrían derecho a huelga.
Para ese efecto, plantea agregarle un Apartado “C” al Artículo 123, donde, así como existen condiciones en el “A” para todo tipo de trabajos, y en el “B” para los trabajadores del Estado, regularía áreas de seguridad e incluiría a policías municipales, estatales y federales; peritos y Ministerios Públicos.
A falta de derechos laborales, los agentes no pueden asociarse ni exigir derechos, como otros que anualmente revisan condiciones laborales, lo que, como hemos visto, ha obligado a aquéllos a realizar paros que, sin embargo, generalmente culminan en represalias.
Ahora bien, a todo esto ¿qué dice la SCJN? Apenas el 13 de mayo de 2016, por 9-2 votos, rechazó que policías, ministerios públicos, militares o miembros del Servicio Exterior Mexicano puedan sindicalizarse o realizar actividades de organización laboral, como huelgas y tener los mismos derechos laborales que los trabajadores al servicio del Estado.
Así, reprobó un proyecto del ministro José Ramón Cossío Díaz, que postuló que la relación de policías, militares y otros cuerpos de seguridad con el Estado deba considerarse de naturaleza laboral, y no administrativa, como la clasificó el Poder Judicial hace más de 20 años.
No obstante, la Corte consideró válido un artículo de la Ley de Tlaxcala que sanciona remover policías “por asociarse, formar parte o intervenir en sindicato”, ya que, una cosa es que los excluya, y otra permitir que los Estados puedan limitarlos, aunque el ministro Jaime Laynez Potisek consideró inconstitucional asociarse para reclamar derechos laborales o administrativos.
La ministra Margarita Luna Ramos, por su lado, opinó que el objeto de un sindicato siempre ha sido lograr beneficios y pelear cuestiones de carácter laboral, por lo que se pueden formar parte de sindicatos o agrupaciones para reclamar derechos o presionar en cuestiones de servicio o funciones, pero no con la palabra “asociarse”, que pueda tener otra connotación.
Ante este panorama se prevén continuas, estériles pugnas al interior de las corporaciones, como en Quintana Roo, tal y como ocurrió hace unos días, ante la pasividad del gobernador Carlos Joaquín en colocar gente de otros Estados en cargos directivos y desplazar a quintanarroenses, lo que hace unos días provocó problemas en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4)
El caso es que hace un año el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, dio posesión como coordinador de los C-4 ¡al poblano José Antonio Mendoza Ramírez! -¡qué casualidad!, ¿verdad?-, quien había fungido como director operativo del área en esa entidad, y como coordinador general de Información y Análisis, en Chiapas.
Al igual que recién ocurrió con el nombramiento de la yucateca Aída León Canto como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General, se contravino el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo, que prevé que para ocupar cualquier cargo de titular y cargos medios se debe contar con residencia efectiva no menos de cinco años.
Esto incluye los cargos de Subsecretario, Director General y de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, de la administración pública central, y sus equivalentes en la paraestatal, independientemente del nombre del puesto.
Además de Mendoza Ramírez, también se nombró subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a Juan Alberto Montoya Aguado, quien fuera director del Centro de Readaptación Social ¡de Almoloya!, y antes de venir a Quintana Roo era asesor de seguridad pública ¡de Guerrero!, como encargado de la Unidad de Asesoría, Políticas y Alertamiento.
Lo cierto es que, a un año de distancia, como era de esperarse, los trabajadores del C-4 sólo pueden protestar anónimamente contra Mendoza Ramírez, cuyos abusos dicen no soportar y hacen públicos sus atropellos,  prepotencia y hostigamiento, amén de que a la mayoría la tiene amenazada con no renovar su contrato.
Así, presiona a las féminas a ceder a insinuaciones y acosos, mientras a los demás les exige hacerse de la “vista gorda” ante sus atracos de contratar amigos con elevados sueldos, mientras despide injustificadamente, o bien realiza viajes de placer al extranjero con su cómplice Alejandro Espinoza (a) “Pilillo”.
         Puntualizan que, con el pretexto de comprar tecnología, viaja a Sao Paolo, Brasil, Chicago, Illinois, Francia, Los Ángeles y Argentina, en tanto cobra dádivas a proveedores de equipo y tecnología. “A ver  cuántos viajes siguen y qué otras partes del mundo conocerá ahora”, dicen.
Por si fuera poco, cada determinado tiempo trae a su familia de la Ciudad de México para pasearla por todo el Caribe con recursos de la Secretaría, o bien viaja frecuentemente a visitarlos con viáticos de la dependencia y se llena los bolsillos con sus negocios con las empresas de Espinoza, y otras como Estratel, Seguritech, entre otras.
         -Todo mundo sabe que ni siquiera pasó sus exámenes de control y confianza, pero presume ser gente del gobernador, y que es su jefe directo, ya que ha corrido a varios para meter a políticos que utilizarán en las próximas campañas, afirman.
         Los denunciantes dicen temer por su trabajo y ser padres, pero estar hartos de tanto abuso, pero no querer que sigan los acosos, humillaciones y violación de sus derechos, por parte del coordinador y su gente, que cobran sueldos preferenciales y se reúnen en casas de campaña, listas para las próximas elecciones.
         Entre las últimas irregularidades de Mendoza Ramírez, los obligó a firmar documentos donde deshizo sus derechos como trabajadores, dividió las vacaciones en dos periodos de 5 días, pese a que la ley prevé 10 seguidos, y les hizo firmar una carta de confidencialidad que le da “derecho” a revisar sus propiedades, incluso después de dejar de laborar en la Secretaría.
 Lo anterior, con el pretexto del requisito de una certificación que pidió la empresa “Compecer”, pero “se siente tan seguro como coordinador, que no envía copia de sus oficios a nadie, ya que repite que su jefe es Carlos Joaquín, y depender directamente de él”, mientras uno de sus principales padrinos y patrocinadores es el asesor del mandatario, Juan de la Luz Kanfachi.
“Casualmente” en Puebla, agentes de la Policía Auxiliar estaban siendo enviados en mayo último a la zona del “Triángulo Rojo” para combatir el robo de combustible, pero sin armamento y equipo necesarios, en momentos que, pese a sus malas condiciones laborales, se suspendió de último momento una protesta debido al resquebrajamiento de grupos.
Ese día estaba programada la protesta en sus instalaciones de San Pablo Xochimehuacán, a un lado de la carretera a Tlaxcala, pero no todos se atrevieron a llegar, por lo que se desistió.
Elementos con anonimato, denunciaron, que con un sueldo de apenas 3 mil 500 pesos, estaban literalmente mandando “a la guerra” a 150 policías sólo con una escopeta y para permanecer por lo menos 24 horas.
El tipo de protestas de policías es diverso, pero, invariablemente, reprimidas, ignoradas y a veces objeto de burlas ¡Y hasta criticadas!
Así las cosas, en tanto se legisla para la igualdad de derechos laborales policías-trabajadores, ¿existe alguna duda sobre cómo terminará el conflicto del C-4, si es que no se ha “resuelto” como todos imaginamos? ¿Aprenderá Carlos Joaquín la lección sobre el desprecio a los quintanarroenses en la contratación de fuereños? ¿Hasta cuándo le seguirá pagando “facturas” políticas al ex gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle?
Fuente:Luis Angel Cabañas