Ignorados por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y del propio Congreso, que no nos invitaron al reciente informe y “Día del gobernador” Carlos Joaquín González por no considerarnos periodistas ni columnistas afines, a través de redes sociales, sin embargo, pudimos confirmar que, en realidad, sólo se trató de un acto protocolario.
En efecto, este espacio, dedicado a la sociedad -que no al gobierno-, había servido durante más de un año para denunciar graves fallas del naciente sexenio “del cambio” y los yerros del “gabinetazo” aliancista que se esperaba hiciera mejor las cosas que su negro antecesor priísta, cuyos dos últimos gobiernos condenaron a Quintana Roo a la miseria.
Derivado de ello, el coordinador general de prensa de Carlos Joaquín, Felipe Ornelas Piñón, al igual que sus antecesores Rangel Rosado Ruiz y Jorge Acevedo Marín, “voz-ceros” de Félix González y Roberto Borge, respectivamente, decidió que 40 años de trayectoria periodística con cuatro libros publicados, no eran suficientes para considerarnos periodistas.
Ante lo anterior, habíamos decidido no dedicarle ni una sola línea al I Informe, pero una enorme coincidencia entre Félix González y el gobierno de Carlos Joaquín nos obliga a una serie de reflexiones en torno al primer año de éste último en la “silla” del Boulevard Bahía, desde donde está que no cree en nadie, aunque NO con los índices de popularidad que quisiera.
Verá Usted. Obtenido sin ninguna dificultad de redes sociales, del texto del informe, leído e interrumpido casi obligatoriamente en las pausas en el radiante Centro de Convenciones de Chetumal, se desprenden similares curiosidades en dos temas, Agua Potable y la Justicia -ya no digamos en materia de seguridad- ¿y sabe Usted por qué? Porque NINGUNO EXISTE.
Efectivamente. En el primer caso, apostábamos que ese día SÍ habría agua en esta capital por ser “Día del gobernador” y el titular del organismo, Gerardo Mora Vallejo, trataría de quedar bien con el mandatario y de justificar su cargo, pero nos dejó mal: No hubo agua -como la mayor parte del primer año de gobierno- y la presión estuvo para llorar en la mayor parte de Chetumal.
Más curioso aún, Carlos Joaquín NO mencionó para nada el tema del agua potable -seguramente SÍ habrá suficiente en la casa de Gobierno-, no así el tema de justicia, al que se refirió en ocho ocasiones, la mayoría de ellas para referirse a la administración anterior, aunque omitió -suponemos que en forma deliberada- un renglón que lo ha hecho blanco de críticas.
Y este renglón es precisamente el que propicia la coincidencia entre su gobierno y el del priísta Félix González, cuya ausencia del informe -dígase lo que se diga- era “bola cantada”: El hombre no es muy afecto a las rechiflas o hacer el ridículo, y menos faltando menos de 9 meses para dejar por fin la investidura que le procura fuero e impunidad.
Quizá ya lo adivinó Usted. La coincidencia entre ex gobernante y gobernador son manchas de sangre, en el primer caso por el asesinato de la joven estudiante cozumeleña Mayra Ayuso Rodríguez, y en el segundo, el de Héctor Manuel Casique Fernández “El Diablo”, ninguno de ellos aclarado suficientemente ni investigado con todas las de la ley, la verdadera ley.
Del tema de Mayra Ayuso nos encargaremos de recordarlo luego, pero el más cercano y del que todo hace suponer que quiere olvidar Carlos Joaquín es el de Casique (así, con “ese”), torturado para declararse culpable de la ejecución múltiple del bar “La Sirenita” de Cancún, en marzo del 2013.
Preso tres años y seis meses durante el gobierno de Borge, libre y exonerado en septiembre de 2016, tras lo cual recibió una “disculpa” pública de la Fiscalía General del Estado, fue ejecutado el 8 de junio último por un comando armado en el restaurante “Las Koras”, ubicado en la zona conurbada de Cancún, en el ejido Bonfil.
Prácticamente cinco años después del inicio de la historia, la opinión generalizada es que se trató de un crimen planeado y ejecutado por policías, o ex policías involucrados en el crimen organizado, o bien por agentes a los que no gustaban o temían a las revelaciones del occiso, quien había encontrado en su madre Yaskade Fernández la mejor defensa en medios de información y foros internacionales, ante la falta de apoyo de las autoridades locales.
En aparente defensa de su Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, el gobernador Carlos Joaquín no había hecho ninguna referencia personal ni directa al caso de Casique, por lo que no tenía por qué hacerlo en su informe, cuando lo único que percibió fue el criticable humo del incienso que a cualquier político provoca perder el “piso”. Y él no fue la excepción.
Y eso que apenas el 25 de agosto último, la inconsolable Yaskade Fernández hizo nuevas, indignantes revelaciones sobre la tortura que sufriera su hijo a manos de la policía, encabezados por el polémico ex director de la Policía Judicial (2014), “capitán” Arturo Olivares Mendiola, ex titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún (2015) con el alcalde priísta Paul Carrillo.
Posteriormente, nombrado Subsecretario de la Coordinación de Policías Municipales de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que inventó Borge, pareciera que se lo tragó la tierra, pues ninguna dependencia dice saber nada de él, excepto por una frase que escribió en su muro de Facebook tras la muerte de Casique: “Dios es grande a todos nos da nuestro lugar”, según publicó el portal Palco Quintanarroense.
Durante la nueva, reveladora entrevista, la madre de Casique, de cuya ejecución se intentó inculpar -con una manta que “apareció” del cielo- a la organización de la recién detenida Doña Lety y su hijo El Dober, así como al Cartel de Jalisco Nueva Generación, se desprende nueva muestra de aparente encubrimiento entre la Policía Ministerial de Quintana Roo.
Antes de entrar en materia, cabe señalar que, pese a que los públicos atropellos contra Casique se dieron en el marco de la cuestionada gestión de Borge, lo cierto es que, quiérase o no, Carlos Joaquín no ha demostrado mayor interés en castigar a los involucrados, y prefirió la “cómoda” disculpa pública que ni siquiera se dignó encabezar.
En efecto, resulta cuestionable que, en el tema de tortura y persecución contra Casique ¡existan 120 involucrados! -inicialmente eran 43-, contra los cuales la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó acción penal en su momento. Pero tras un año de gobierno, Carlos Joaquín parece no estar enterado.
Entre los primeros involucrados se incluyen Olivares Mendiola, Yahara Martínez Góngora, Monserrat Romero García, Wady Alfredo Constantino Solana, Manuel de Jesús Borges Ricalde, Ernesto Santes Hernández, Jorge Manuel Suaste Echeverría, Alberto Cachón, Luis Miguel Mukul Noh, Gustavo Jesús Vicente Garduño, Jesús Roberto Martínez Góngora, Roberto Santiago Moreno Soto, Josafat Ulises Peraza Díaz, Venancio Cen Hoy, Christian Montenegro Aragón, Aarón Pérez Olguín y Abel Mizraim Huerta Martín.
Asimismo, Benjamín Soto Apolinar, Ernesto Santos Hernández, Jesús Ferral Zamora, José Alejandro Díaz López, Mario Isaías Góngora Reyes, Mario Sánchez Torres, Pablo Huerta Soto, Miguel Flores Herrera, Ricardo Alberto Cachón Salazar, Rafael Ibarra Canché, Víctor Manuel Lara López, Aurelio Suárez Álvarez, Carlos Enrique Ucán Estrada, Edgar Manuel Pérez, Gabriel Denis Ayuso, José Orlando Sanguino Lío, Juan Bautista Núñez Loría, Manuel Audomaro Ramírez Rodríguez y César Manuel Morales Guevara.
Hasta noviembre del 2015, se habían amparado 17 de 43 acusados de torturar a Casique para declararse culpable del multi homicidio de Cancún, y ninguno de ellos había sido destituido.
Durante aquella masacre en “La sirenita”, que tampoco resultó aclarada, murieron Manuel Antonio Carrascosa Ferrer, Juan Briceño Villagómez, Nazario Sánchez Flores, Domingo Pérez Aguilar, Olegario Manuel Contreras Gamas, Francisco de Asís Achah Castro y José Luis González Moo, esté último después en el hospital.
Casique había quedado a disposición del Juzgado 4º Penal y salió a la rejilla de prácticas luego de una orden de aprehensión, pero justo cuando obtenía su libertad tras un Amparo, en rápida maniobra de la Procuraduría General de Justicia fue reaprehendido por orden del Juez Cuarto Penal.
Entre su primera y segunda detención sufrió una serie de torturas -ahora denuncia su madre-, que incluyó quemaduras en los testículos y ¡violación múltiple de seis agentes!, primero por parte de Constantino Solana, y luego de Olivares Mendiola, quien estaba “enamorado” de su víctima y pretendía demostrarle que las cosas se harían como él quería.
La violación ocurrió ¡en los propios separos de la Fiscalía de Cancún!, donde los agentes llevaron sogas en varias ocasiones a Casique para provocar que se suicidara, o bien aceptara su responsabilidad, hasta que finalmente, después de tres años y seis meses de prisión, el 26 de septiembre de 2016, un juez le dictó auto de libertad por falta de elementos.
Según consta en denuncia de 6 tomos, las lesiones por violación fueron certificadas por médicos, pero el entonces Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, dijo que no eran válidos los certificados porque se ignoraba la hora de los hechos.
No obstante, el caso se sometió en dos ocasiones al Protocolo de Estambul, uno por la Comisión de Derechos Humanos y otro por la PGR, donde se certificó que, inclusive, hasta cuatro meses subsistían cicatrices de las lesiones, pero García Torres insistió en que eso “no acreditaba nada”.
El tema se alarga, y el espacio y tiempo ofenden a nuestros lectores, por lo que, aunque no son iguales a los del Informe de Carlos Joaquín, preferimos seguir mañana con una segunda parte, en la que se involucra en negligencia a otro elemento de la Fiscalía de Miguel Ángel Pech, en este caso Nahum Patiño Arbea, aunque también hablaremos de ese homicidio que provoca relacionar a Félix González con el nuevo gobierno.
