No cabe duda de que una de las noticias de la semana anterior que caló más hondo en Quintana Roo, sobre todo en el gobierno de Carlos Joaquín González, fue la alerta de Estados Unidos a sus turistas sobre el riesgo de viajar a nuestro territorio, particularmente a Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Cozumel y Tulum.
La alerta -advertencia diríamos nosotros- también fue respecto a Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero y Veracruz, aunque para algunas mentes obtusas se trataba de una supuesta venganza-presión del presidente Donald Trump en relación con la firma del Tratado de Libre Comercio de su país con México y Canadá.
La respuesta del mandatario estatal -no la hubo del presidente Peña Nieto- no resultó de la medida de lo deseado o esperado, con un algo así como “ni modo”, al grado tal que, tal y como vimos desde principios de este año, a raíz de los ataques amados a la discoteca de Playa del Carmen y la propia Fiscalía de Cancún, el tema de la inseguridad es pan nuestro de cada día.
Y conste que nadie exagera sobre el particular, ya que desde antes del amanecer estamos pendientes sobre las eventuales matanzas en alguno de los “paraísos” terrestres de la zona turística norte, lo que resulta inusual para un Estado donde a diario se presumen de avances, coordinación policial y gastos en armamento, patrullas y personal.
Lo curioso del caso es que el “consuelo” de nuestras autoridades es que los asesinatos no han involucrado a ningún turista. No podemos evitar acordarnos de la misma justificación desde el malogrado sexenio de Félix González, cuando, además de la corrupción, la inseguridad fue uno de los principales lunares, en ese entonces de forma marcada en Cancún.
Hasta antes de recrudecerse la violencia, la política gubernamental ante los medios de comunicación oficialistas era insistir en “hechos aislados” para tratar de tapar el sol con un dedo, para lo cual Carlos Joaquín recibió una “manita” hace unas semanas de su detractor Carlos Mimenza, al “denunciar” al alcalde de Benito Juárez, el “ecologista” Remberto Estrada Barba, pero no por la inseguridad, sino ¡por maltrato animal!
El 30 de mayo último, en gira de proselitismo por Chetumal, el activista ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy coordinador del movimiento Ahora “Transformemos Nuestra Indignación en Alegría”, Emilio Álvarez Icaza, anunció su aspiración por la Presidencia de la República como candidato independiente e hizo abierta alusión al tema.
Entre otros, alertó que la falta de respuesta del gobierno a la inseguridad espanta al turismo, como se reflejan las recientes cancelaciones de viajes y hospedaje en Cancún, particularmente. Esta primera advertencia ocurrió hace hoy tres meses, cuando era evidente la violencia de género que, decía Álvarez Icaza, enviaba un trágico mensaje al turismo.
Y es que, en efecto, el gobierno de Carlos Joaquín se había preocupado más en tapar goteras y ocultar lo que sigue siendo una evidencia: La delincuencia organizada se ha apropiado de nuestros principales polos de desarrollo turístico, dígase lo que se diga, ante la desesperante apatía de la PGR y las policías municipales, cuyos alcaldes prefieren reforzar su área de comunicación social para callar a los medios, que insistir en la seguridad.
Si bien el tema es frecuente en las grandes ciudades por naturaleza propia, en Quintana Roo no sólo es grave, sino se-ve-ro, ya que todas las ramas de la delincuencia se han venido incrementando, asaltos, pandillerismo, narcotráfico y demás etcéteras, lo que no ocurre en la misma medida con la respuesta de gobierno.
Ya lo decía Álvarez Icaza, Carlos Joaquín podrá tratar de ocultar la gravedad del caso o bien maquillar sus efectos o alcances, pero, para su mala fortuna, los gobiernos de origen de nuestros turistas no se están chupando los dedos, y conocen perfectamente lo que se trata de callar: El alto riesgo para sus connacionales.
Es inocultable que, aunque las autoridades insistan en que las diarias ejecuciones ocurren entre miembros de la delincuencia organizada y hasta hoy -al menos hasta donde se dice-, no ha afectado directamente a algún turista.
Lo cierto es que éstos son precisamente el principal objetivo de aquéllos como eventuales, posibles o acostumbrados clientes, por lo que están involucrados en la violencia.
Restan nueve días para el primer informe de Carlos Joaquín, y no está de más sumarle un pequeño párrafo al documento con un humilde “peccata” minuta sobre el tema, sumado a una serie de movimientos, muy profundos cambios en materia de seguridad y, sobre todo, de procuración de justicia, principales Talones de Aquiles de su gobierno.
Los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, Rodolfo del Ángel Campos y Miguel Ángel Pech Cen, respectivamente, NO pueden ser ajenos a los profundos dolores de cabeza del Jefe del Ejecutivo, peor aún en el caso del segundo, cuyas “herencias” no ha podido o querido solventar adecuadamente.
Ambos han sido cuestionados desde su nombramiento, aunque el primero de ellos dice que la falta de personal y equipamiento para reforzar la seguridad pública en los municipios críticos es uno de los principales factores contra sus “acciones”, aunque asegura trabajar en concretar “su” estrategia de seguridad, en coordinación con otras instancias.
En tono a la posibilidad del mando único en Quintana Roo, explica que se trabaja en las negociaciones para el convenio, a fin de que las corporaciones puedan participar en el combate a la inseguridad, particularmente en Cancún y Solidaridad.
Por su parte, Pech Cen sigue arrastrando pesadas cargas en las que él mismo se ha vuelto parte, entre ellos el tema del reciente ejecutado Héctor Casique, con el que seguramente sueña Carlos Joaquín y representa una pesada losa para su gobierno, ya que cada día se hace más complicado, con nuevas revelaciones que lo involucran a él y a su antecesor Roberto Borge.
Para acabarla de amolar, en materia de procuración de justicia también han surgido claras irregularidades en la “necesidad” política de enjuiciar a ex funcionarios de la administración anterior, renglón en el que también se ha involucrado el Poder Judicial, y de lo que habrá de responder su recién nombrado presidente.
La intención de Carlos Joaquín era clara y evidente: Llegar a su primer informe con el ex gobernador Roberto Borge y el mayor número de ex colaboradores detenidos -excepto a sus “protegidos”-, a costa de lo que fuera, aunque luego obtuvieran su libertad.
Ya lo decíamos desde un principio, el mandatario resultó más maquiavélico de lo esperado, en el sentido de que para su gobierno el fin justifica los medios.
¿O será que los maquiavélicos son sus colaboradores?
