Por: José Palma
El litigio legal entre el gobierno de Quintana Roo y la empresa Aguakan pudiese prolongarse cuando menos 2 años mientras tanto debe contemplarse el mandato vinculatorio de la consulta popular de la elección pasada donde los ciudadanos manifestaron un no a la concesionaria afirmó Julián Ricalde Magaña diputado local.
Ricalde Magaña, contrarió a lo señalado por Cristina Torres secretaria de gobierno que la consulta de nacimiento se dio de manera incorrecta, consideró que este paso tiene que darse para seguir atendiendo este tema que se prolongará por un par de años.
Dejo entrever que la falta de coordinación y una estrategia asertiva dio tiempo suficiente a que la concesionaria Aguakan reaccione esto tras la abrogación del decreto 250 que le otorgaba una ampliación a la concesión por otros 30 años para culminar el 31 de diciembre de 2054.
“Tiene que ser coordinada yo creo que eso está faltando creo que lo personal que la estrategia no ha sido la más asertiva” insistió
De igual forma dijo que está preparando una reforma constitucional para efectos que el servicio de agua potable sea un derecho humano y además se prohíba la concesión del agua en Quintana Roo ya que este servicio lo tiene que explotar y operar el gobierno del estado a través de CAPA.
El legislador reiteró que la estrategia para avanzar en el tema de Aguakan tiene que ser más coordinada y asertiva para poder mantener firme la abrogación del decreto 250.
