A partir del próximo mes de agosto del presente año todas las sentencias emitidas por los jueces de los Tribunales Superiores del país, incluyendo a Quintana Roo, tendrán que ser publicadas, tras la reforma aprobada al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) aseguró Oscar Guerra Ford comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Antes decían que eran las sentencias que fueran de interés público y eso lo que resultaba que no publicaba nada o muy poco” resaltó.
Como se sabe el pasado 30 de julio, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma al artículo 73 de la LGTAIP, impulsada por asociaciones de la sociedad civil, con el respaldo del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).
Guerra Ford, consideró que al poner en el escrutinio público el actuar de los jueces en lo que refiere a la impartición de justicia su desempeño seria mucho mejor ya que hasta ahora, los poderes judiciales federal y de las entidades tenían la obligación de poner a disposición del público las sentencias, siempre y cuando fueran consideradas “de interés público”, lo cual prácticamente resultaba en una total opacidad.
Resaltó que el término “interés público” es un concepto jurídico “indeterminado que, dada su falta de claridad, genera que no se publiquen sentencias”, que ha generado incertidumbre, de manera particular, en los poderes judiciales de las entidades federativas.
Sin embargo, aclaró que la transparencia no es el único instrumento para detener la corrupción, pero esta si es uno de los elementos de gran aporte en la lucha y la política anticorrupción que se busca en el país.
“La transparencia puede evidenciar algunos hechos con algunas solicitudes de información o través de la publicación de información como lo puede ser un contrato” destacó.
Ya que de haber una posible anomalía tiene que venir un proceso de investigación y de comprobarse por las autoridades responsables como lo son los órganos internos de control, la Auditoria Superior de la Federación o las Fiscalías Anticorrupción entonces se tienen que llevar las sanciones.
