La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana llevó a cabo un taller sobre “Control de Convencionalidad e Interpretación Conforme” en Chetumal y Cancún, mismo que estuvo dirigido a todo el personal de este organismo relacionado con la investigación jurídica, así como las áreas jurídicas de diversas dependencias como el Congreso del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación de Quintana Roo, la Secretaría de Salud, Consejería Jurídica, Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado.
Ambas sesiones estuvieron a cargo de José Raúl Landgrave Fuentes, abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Maestro en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). El instructor es además un experto litigante en casos relacionados con la libertad de expresión, libertad religiosa, protección de derecho al honor y debido proceso penal.
El Control de Convencionalidad y la Interpretación Conforme son mecanismos que proveen la Constitución de nuestro país y los Tratados Internacionales y que los servidores públicos tienen a su disposición para asegurar que sus actos sean acordes a derechos humanos, puesto que con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 2011, se estableció la obligación expresa de todas las autoridades de aplicar el control de convencionalidad en todos sus actos. La variación que existe entre ambos mecanismos es que las autoridades administrativas solamente pueden interpretar las normas (interpretación conforme), en tanto que los jueces, además de interpretarlas, pueden inaplicarlas (control de convencionalidad y constitucionalidad).
Siendo que uno de los ejes medulares para la Comisión de los Derechos Humanos del Estado es el fortalecimiento institucional se capacitó en este tema al personal de la misma comisión para resolver a favor de las víctimas sus expedientes de queja; de igual forma se invitó a los servidores públicos de las dependencias con las que se cuentan convenio de colaboración con la finalidad de disminuir las incidencias de violaciones a derechos humanos en la función pública y exponer las estrategias para identificar y resolver los problemas que encuentran los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en materia de derechos humanos.
