Cuernavaca, Morelos a 28 de noviembre de 2017.- El activista social y regidor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Andrés Blanco Cruz, participó como ponente en la pre audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en la ciudad de Cuernavaca Morelos, donde expuso ante especialistas, investigadores, universitarios, campesinos, asociaciones en defensa del agua y líderes campesinos el tema “El Derecho Humano al Agua” en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche.
El promotor de la Lid (disputa), para dotar del servicio público de agua potable a la comunidad de San Antonio Soda y en representación de la Central Campesina Cardenista (CCC), ante un Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México abarrotado de participantes nacionales e internacionales, planteó la necesidad de que el Poder Judicial de la Federación, haga efectiva de manera inmediata las sentencias emitidas a favor de los ciudadanos y con ello puedan acceder a la brevedad a este recurso hídrico.
Dijo que las comunidades rurales situadas en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche como en el caso de San Antonio Soda, ante una indefinición jurídica, el derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen cada uno de los habitantes de la región están siendo transgredidos.
Detallando que la controversia constitucional que se tienen entre los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, han servido de excusa para que la instancias gubernamentales violenten el artículo 4 constitucional que señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Enfatizó que el Poder Judicial de la Federación, tiene que garantizar la efectividad de las sentencias emitidas en los juicios de amparos, el cual, es el único recurso legal con el que cuentan los habitantes de las comunidades rurales para hacer valer este derecho universal, o de lo contrario no se garantiza que el Estado cumpla con esta obligación estipulada en la ley.
Y añadió que además de garantizar un juicio de amparo efectivo se debe brindar el apoyo técnico y de especialistas en la materia, para que los habitantes favorecidos por el juicio de amparo tengan la certeza de que el acceso al agua será conforme a lo establecido en la constitución.
Finalmente hizo hincapié en la necesidad de que el Estado fortalezca a los organismos operadores locales del agua potable y evitar con ello este recurso hídrico catalogado como materia de Seguridad Nacional caiga en manos privadas y con ello se lucre con este bien escaso y fundamento de vida.
