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Derechos Humanos de Quintana Roo se suma a CNDH y Alto Comisionado de Naciones Unidas para rechazar Ley de Seguridad Interior

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La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que preside Harley Sosa Guillén, se sumó al rechazo del Proyecto de Ley de Seguridad Interior, misma que se aprobó ayer en comisiones en el Senado de la República y hoy será discutida en el pleno de la misma. 
Tal y como se pronunciaran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos previamente, el llamado por parte de este organismo estatal es para que el Estado mexicano, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior que y se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.

El Congreso de la Unión representa la máxima tribuna en donde los intereses de las y los mexicanos deben ser representados, por tanto deben ser escuchadas y consideradas los planteamientos y propuestas las organizaciones de la sociedad civil, academia y los organismos públicos de derechos humanos en México, a fin de ser una legislación garantista de los derechos humanos.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, así como organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado también su preocupación al respecto de la Ley de Seguridad Interior que actualmente se discute, ya que no representa una solución ideal de fondo a las cuestiones de inseguridad y violencia en el país. 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por tanto expresa su postura de encontrar una respuesta satisfactorias al problema de violencia mediante un debate nacional, que tenga como finalidad la seguridad de las personas en un marco garantista de derechos humanos. 

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