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Que aclare Carlos Mario Villanueva a los ciudadanos si apoya o no, la privatización del agua en OPB.

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Chetumal a 09 de noviembre de 2017.-  El regidor del ayuntamiento de Othón P. Blanco Andrés Blanco Cruz, solicitó al  diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, integrante de la Décimo Quinta Legislatura, que aclare ante la opinión pública si está a favor de la privatización del agua en el municipio de Othón P. Blanco, luego que el legislador por el Partido Encuentro Social, expresara a un medio de comunicación la posibilidad de respaldar que se le otorgue a una empresa privada el manejo del vital líquido.

El también activista social, Andrés Blanco Cruz, recordó que el 19 de octubre de 1993, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, entregó  en esa época a  Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), hoy mejor conocida como Aguakan, la concesión integral por 30 años para prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado en el municipio de Benito Juárez, siendo el gobernador en funciones Mario Ernesto Villanueva Madrid.

Autorización que en la actualidad afecta a  746 mil 626 habitantes tan solo en el municipio de Benito Juárez, a quienes durante el sexenio de Villanueva Madrid,  se les prometió el desarrollo de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pero que a  24 años de otorgarle esa concesión a Aguakan, lo ciudadanos únicamente han recibido cobros excesivos por un servicio de pésima calidad.

El regidor del ayuntamiento de Othón P. Blanco Andrés Blanco Cruz, agregó que además de las tarifas excesivas, existen casos documentados de familias que han perdido su patrimonio al no poder pagar los incosteables costos del servicio que brinda Aguakan.

“El aprovechamiento del agua es materia de Seguridad Nacional y no debe ser privatizado además de que si el uso, manejo y distribución del vital líquido  pasa a manos de empresarios con intereses exclusivamente económicos, no se contaría con un aprovechamiento de este elemento con visión humana”

Blanco Cruz, enfatizó que el acceso al agua es un derecho consagrado en la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, al considerarse que  es el fundamento de la vida y  un bien escaso,  lo que hace indispensable su protección y uso racional.

Agregó que el instalar una red privada de distribución de agua purificada, en la calles de Calderitas y Chetumal, atenta contra los bienes del municipio capitalino, al ser estas de su propiedad, además de que fomentaría que las vialidades sean usadas de manera discrecional por cualquier otra empresa con fines de lucro.

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