No cabe duda de que lo peor que puede hacer un gobierno, sea cual fuere su partido, es tratar de ocultar las cosas y provocar que la gente piense libremente -“elucubre”, suele decirse-, ya que, independientemente de la gravedad o supuesta “necesidad” del tema, éste puede prestarse a mil y una interpretaciones, créanos Usted, ninguna de ellas en el buen sentido.
Curiosamente este ha sido el caso de Quintana Roo, sobre todo y muy marcadamente desde el malogrado sexenio de Félix González y hoy imitado por Carlos Joaquín, donde el temor evidente es abrir una Caja de Pandora, o bien, como piensa la mayoría, destapar una cloaca, para lo cual contaría con la complicidad de los poderes Judicial y Legislativo.
Verá Usted. El 20 de agosto de 2013, con el título “Ex gobernador, de altos vuelos”, publicamos que Félix González, entonces recién designado delegado del PRI en Nuevo León, “para reforzar el proceso de la competencia electoral rumbo al 2015”, habría pasado a la historia como uno de los mandatarios más maquiavélicos del Estado.
Piedra en el zapato del entonces mandatario Roberto Borge, también le era pesada “sombra” y paisano incómodo por su opacidad en el manejo de las finanzas públicas, aunque supo cubrirse las espaldas y maniobrar en todos los ámbitos para evitar persecuciones, con lo que prácticamente “se blindó”.
Pero además, se impuso por todos lados, al grado tal que logró que su tío Luis González Flores fuese coordinador de la XII Legislatura para “amarrar” los aspectos jurídicos de su gestión, además de hacerlo secretario de Gobierno con Roberto Borge al término de su gestión.
Al igual que su familiar, el ex gobernador contó con la complicidad de los ex titulares de la Contraloría: El después presidente del Concejo Municipal de Bacalar, Francisco Flota Medrano, y Antonio Baduy Moscoso, ex vocal ejecutivo del desaparecido COESPO en septiembre del 2011, que desde entonces puso “candados” a toda información de aquella dependencia.
Nada nuevo en Baduy, quien el 29 de septiembre del 2006, en ejercicio de la facultad que le confería el Artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Acuerdo de Félix González, explicaría, “me delega la facultad que le compete al titular del Poder Ejecutivo para expedir los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o confidencial”.
En este sentido, en una edición irregular y de pocos ejemplares para que nadie se enterara, el Periódico Oficial del Estado publicó un “Acuerdo por el que se clasificó como reservada diversa información del Poder Ejecutivo”, entre ellas prácticamente toda la que debiera difundirse de oficio, como la lista de clientes de Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. (VIP-Saesa), cuyo accionista principal era casualmente el Gobierno de Quintana Roo.
Asimismo, incluía ocultar informes sobre programas sectoriales de agro negocios, forestal y de desarrollo indígena; sobre la reserva territorial del Estado, así como los contratos de publicidad y documentos relacionados con éstos y el gobernador con los medios locales, nacionales e internacionales de comunicación, esto último a través de su Unidad del Vocero.
Así, con el argumento de “proteger la privacidad de las empresas contratantes” y “el interés del Estado”, Félix puso en marcha esa estrategia de opacidad para resguardar corrupción e impunidad, ya que existía temor de su gobierno y clasificó reservada buena parte de información en la que habría sido uno de los principales beneficiarios en negocios, hasta en chicles.
En el caso concreto de la información de VIP-Saesa, que el periodista Ernesto Villanueva exhibió a nivel nacional-, Félix la declaró “reservada”, primero porque, como tendencia anual recurrente, siempre ha operado con déficits, por gastar mucho más de lo que recupera.
Y segundo, porque, conforme a las bitácoras del plan de vuelo de la nave XAUFB, del gobierno, sus familiares y amigos eran viajeros frecuentes para traslados no oficiales a distintas partes del país y el extranjero, lo que constituía una responsabilidad con varios tipos penales.
Lo curioso es que, al auditar la empresa entre 2006 y 2009, la Auditoría Superior del Estado consideró que aquélla supuestamente cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental.
Ya desde ese entonces preguntábamos, ¿Alguien conoce las finanzas de VIP-Saesa, aunque lo más mínimo? Lo único que se sabía era que su director era el hoy detenido Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, sobre quien el periodista Javier Chávez Ataxca diría en noviembre de 2012 que “como quien compra un globo en el parque entregó 500 mil pesos a Maritza Polanco Cáceres, recluida en el Cereso, acusada de fraude por el prófugo Benito Ang Gómez, ex oficial mayor del Ayuntamiento capitalino”.
“…Acosta Gutiérrez es deshonroso ejemplo del gris chetumaleño que tiene la oportunidad de su vida por compadrazgo”, ya que lo habría encumbrado en la posición por Manuel Conde Canto, ex delegado de Fonatur, de quien era administrador, aunque, en agradecimiento le permitió conservar jugoso sueldo de 36 mil pesos quincenales e incorporó a la nómina a un administrador de los negocios de la familia Conde-Canto.
Seis años después, el 21 de enero último, recién detenido el ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, el periodista Antonio Callejo Anzures publica que la empresa continúa en el inventario de paraestatales de gobierno con una nueva figura legal que le permitirá operar en lo que resta del sexenio de Carlos Joaquín sin necesidad de brindar NINGUNA información.
Añade que el 13 de febrero de 2017, el Consejo de Administración de VIP-Saesa realizó sesiones para clasificar como información reservada la de todas sus áreas: Direcciones Jurídica y de Comercialización; Departamento de Cobranza y Cuentas por Cobrar, no así en la Dirección de Comercialización, donde será parcial.
Según recuerda Callejo, la empresa se creó al inicio del sexenio de Mario Villanueva Madrid, con la intención de agilizar trámites que obligaban a su gobierno cada vez que requería utilizar un avión del que era propietario, lo que demoraba su desplazamiento o el de su gabinete, o bien la prestación de un servicio emergente. Actualmente VIP-Saesa, ofrece servicios públicos con tres aeronaves:
Desde su creación, su Consejo de Administración, como en todas las paraestatales del Gobierno del Estado, lo conforman, como presidente, el gobernador, y como tesorero y vocal, el titular de Finanzas y Planeación y el Secretario de Gobierno, respectivamente.
El tema vine al caso con la detención de Gabriel Mendicuti, donde es notorio el interés por ocultar todo lo relacionado con el tema VIP-Saesa, al grado tal que la propia juez de control se presta a malas “interpretaciones” en torno a la división y autonomía de poderes en Quintana Roo, donde el Judicial se estaría prestando al juego del Ejecutivo.
En efecto, la sospecha surgió desde el momento que el afectado solicitó Amparo contra una orden de aprehensión, ya que ésta incumplía los elementos del debido proceso para saber de qué se le acusa y defenderse, pero, mañosamente, en abierta violación legal, la juez negó la existencia de dicha orden que, sin embargo, SÍ aparecía en páginas oficiales.
Transcurrieron prácticamente 6 meses y la Fiscalía Anticorrupción, que presumió un supuesto trabajo de inteligencia para detectar al acusado, lo ubicó en un evento empresarial al que asistió al candidato priísta a la Presidencia de la República y lo detuvo al día siguiente, pero ahora, en forma por demás increíble, el juez de control niega que las audiencias sean públicas.
De esta manera, viola flagrantemente uno de los principios rectores, fundamentales, del nuevo proceso penal acusatorio que, publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y en vigor en Quintana Roo y ocho entidades más el 4 de marzo de 2016, apenas 3 meses antes de entrar en vigor en todo el país, se llama PUBLICIDAD.
En efecto, incluido para sentar las bases para establecer el nuevo sistema de justicia penal en México, el principio de publicidad, junto con los de Contradicción Inmediación Continuidad Concentración, está contemplado en la Carta Magna y ratificado en el Código Nacional de Procedimientos Penales como tema fundamental que debe cumplirse a cabalidad en la generalidad de las audiencias.
Ese principio es la posibilidad de cualquier persona de estar presente en cualquier audiencia penal, es decir, éstas serán públicas. Lo considera el régimen internacional de derechos humanos como garantía judicial en el proceso, donde, añade, ninguna persona podrá grabar o trasmitir, aunque la prohibición se establece de manera expresa para los medios de comunicación.
Las únicas excepciones son: Cuando pueda afectar la integridad de alguna de las partes o de las personas citadas; pueda verse afectada la seguridad pública o seguridad nacional, pueda revelarse un secreto particular, comercial, industrial u oficial; se afecte el interés superior del niño o niña… o cuando el juez o tribunal lo estime más conveniente.
Bien decía Alejandro Aguirre Buenfil, defensor de Gabriel Mendicuti, desde la aprehensión de Acosta Gutiérrez se sabía la imputación, montos, características e involucrados, por lo que habría que preguntarse por qué insiste el Poder Judicial en “estimarlo lo más conveniente” ¿Conveniente para quién? ¿Para el pueblo y sociedad?…o para el gobierno de Carlos Joaquín.
¿Acaso prefieren que la gente “elucubre”? ¿Acaso temen que la gente se entere que no se están haciendo bien las cosas? ¡O temen destapar una cloaca!
El tema de VIP-Saesa recuerda de manera inevitable el del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Estatal) que presiden inevitablemente las esposas de los gobernadores en turno, se manejan y administran en el más completo sigilo, y sus cuentas y administración sólo las conoce el Poder Legislativo.
¿Alguien sabe algo más que la demagogia altamente calificada de esa mal llamada institución, que debería conocerse como una dependencia más? ¿O acaso es otra Caja de Pandora!
Fuente: Luis Angel Cabañas
