En un hecho insólito, indignante que, sin embargo, se convirtió en la gota que derramó el vaso, la XV Legislatura del Congreso del Estado terminó por nombrar por unanimidad a la Lic. Aida Leticia León Canto como nueva titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía de Quintana Roo, con lo que se habría consumado un evidente “control” de Poderes.
A la nueva, aparente, muestra de que el Jefe del Ejecutivo, Carlos Joaquín González, mantiene postrados a los Poderes Ejecutivo y Judicial, por primera ocasión los quintanarroenses dijeron “esta boca es mía”, cuando la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo y organizaciones similares por fin externaron su inconformidad.
Como se sabe, en un primer tema sobre la unanimidad, por influencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado habría “elegido” el 8 de agosto a quien fuera secretario particular del ex gobernador Félix González, el magistrado José Antonio León Ruiz, quien sustituyó a Fidel Villanueva Rivero.
Al repetirse la escena de la unanimidad, el 2 de septiembre último los legisladores aprobaron la imposición del cuestionado Manuel Palacios Herrera como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, pese a que éste mismo reconoció haber estado enterado de las anomalías en las que habían incurrido sus antecesores, Javier Félix Zetina González y Emiliano Novelo Rivero.
Tal vez convencidos o “maiceados” -¿a qué le apuesta Usted-, los diputados locales, incluyendo los de la supuesta “oposición”, volvieron a repetir la unanimidad a mediados de este septiembre, con la “elección” de la ex vice fiscal General de la Zona Norte, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, como primera Fiscal Anticorrupción de la entidad.
Como consecuencia, arrancó la designación de los titulares de los órganos de control interno, en particular en la Fiscalía General del Estado, con lo que iniciaría una lucha jurídica para contrarrestar la sospechosa actuación legislativa, encabezada por el presidente de la Gran Comisión de Diputados, el panista Eduardo Martínez Arcila.
En este sentido, los presidentes de la Asociación de Profesionistas y del Colegio de Contadores, Joaquín Oliva Alamilla y Luis Alain Matos Argüelles, así como otra de las aspirantes al referido órgano interno de control, Cruz Virginia Vera Alcázar, expresaron su malestar con la evidente imposición de Aida Leticia León por no reunir cinco años de residencia en el Estado, tal y como lo establece la Constitución.
La terna final la integraban Aida Leticia León, Matos Argüelles y Cruz Virginia Vera, aunque también se registraron Moisés Iván Celis González, José Octavio Augusto Pérez y Priego, Moisés Demetrio García Martínez, Lenin Amílcar Correa Chulim Hichel y Atilano Gorostiola.
Finalmente, con 22 votos a su favor, resultó “electa” de manera unánime la primera de ellos, por lo que fungirá en el cargo por un lapso de cuatro años, a partir de anteayer y hasta septiembre de 2021.
Contra lo que pudiera pensarse, el reclamo ciudadano y malestar de los profesionistas no sería sólo por la falta de capacidad y preparación de la nueva funcionaria, sino porque el propio diputado Martínez Arcila reconoció que aquélla apenas cuenta con dos meses de residencia en Quintana Roo.
En efecto, Aida Leticia León es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciatura en Derecho, en tanto cuenta con una Maestría en Derechos Empresarial por la Universidad Anáhuac-Mayab, de aquella entidad
Perteneciente a la organización “Abogados en RAR”, ubicada en la Privada Del Maestro, en Yucatán, la profesionista cuenta aparentemente “con una larga trayectoria en la Auditoría Superior de Yucatán, Juzgados de Distrito y Tribunales de Campeche, y desde el 2014 es miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.
Sin embargo…nada sobre Quintana Roo hasta hace dos meses, y ahora por obra “del Espíritu Santo”, pasa por encima de la trayectoria y residencia de otros ocho profesionistas que, como reclamara públicamente Oliva Alamilla, por lo menos cuentan con una residencia más evidente o de cinco años, en su caso, con una envidiable quintanarroísmo.
No se trata de volver nuevamente al controvertido y cuestionable tema del nativismo como patente de corso para ocupar cargos públicos, dado que, en todo caso, ningún quintanarroense pidió nacer en esta tierra -mientras que los residentes la elegimos para contribuir a su desarrollo-, pero sí resulta un verdadero insulto pasar por encima de los legítimos derechos de los demás.
Estamos ciertos de que, ante la falta de algún profesional que pudiera desempeñar un cargo en Quintana Roo, es perfectamente válido y justa la contratación de personas provenientes de otros Estados, pero, caray, en igualdad de circunstancias y sin pasar por encima de la ley, necesariamente se debería preferir a un quintanarroense. Claro, si se presume tener moral.
Cuanto más no, entonces, se debería elegir a un profesionista quintanarroense por encima de un perfecto desconocido que tal vez sólo conozca Cancún, Cozumel o Playa del Carmen…, pero en vacaciones.
Así las cosas, perfecta razón tiene el representante del Comité de Defensa de Quintana Roo, José Alberto España Novelo, en considerar que existen elementos para solicitar juicio político contra los diputados, no sólo por violar la Constitución respecto a la residencia para ocupar un cargo público, sino por su falta de MORAL, si es que conocen esa palabra.
Hasta donde sabemos, el único caso en el que nuestra Constitución exige haber nacido en Quintana Roo es para aspirar a la gubernatura, y conste que, casualmente, Carlos Joaquín fue cuestionado en su momento sobre el tema, ya que, recordamos, pese a haber sido alcalde de Playa del Carmen, no pocos sugerían que nació en Yucatán, donde estudió y pasó la mayor parte de su juventud.
Por otro lado, estamos de acuerdo -¿acaso alguien no?-, en que se trató de una simulación de la XV legislatura, sobre todo en el caso de los diputados plurinominales que, después de exhibir a los postulantes, como relataría el periodista Rafael Briceño, mostraron que todo estaba “planchado” y que ya tenían “línea”.
La pegunta necesaria es, por si alguien tiene dudas, ¿”línea” de quién? ¿Acaso cree Usted que el panista Martínez Arcila tendría tanto poder de “convocatoria” para convencer a más de una veintena de homólogos a votar en el mismo sentido? Sería demasiado ingenuo creerlo, o bien creer que fue obra de la “casualidad”.
¡Caramba” Hubieran pensado al menos convencer a uno o dos diputados a votar en contra para “legitimar” la propuesta, y no tratar de vernos la cara de pen…itentes con esa supuesta unanimidad que seguramente los tendrá muertos de risa, al igual que cuando optaron por hacerlo con Manuel Palacios Herrera y Rosaura Antonina Villanueva.
Aunque da coraje reconocerlo, por lo menos los priístas -que también hoy se dejan “maicear”- sabían cuidar las formas, y una prueba de ello es que cuando el ex gobernador Roberto Borge registró su candidatura al Poder Ejecutivo tuvo como “opositor” al también priísta Sergio de la Cruz Osorno, para, por lo menos, dar la impresión de que existía democracia en el PRI.
Al final de cuentas, lo que está provocando el Congreso es que los quintanarroenses se vuelquen sobre la XV Legislatura o se pronuncien en términos similares a los de la anterior, cuando la participación del Ejecutivo era más que evidente.
¿Hasta cuándo entenderán Carlos Joaquín o sus colaboradores que no sólo ya basta de señales de corrupción, sino que ya basta también de poblanos u otros arribistas similares que sólo vienen a Quintana Roo a contribuir al desempleo?
¿Quién o quiénes son los principales sospechosos de “importar” gente de otros Estados para suplir a los nuestros?
¡Recuerden que ya estamos a cerca de 10 meses del cobro de “facturas”!
