CIUDAD DE MÉXICO, – Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto socio de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una demanda de amparo en contra de intervenciones de comunicaciones privadas y localización geográfica en tiempo real, de las que asegura ha sido víctima, publicó animalpolitico.com.
La demanda fue presentada en contra de un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y diversas autoridades, a quienes Olán Aparicio señala también por el acceso a datos conversados por concesionarios de telecomunicaciones.
De esta forma, el empresario responsabilizó al Poder Judicial de la Federación (PJF) de los audios que han sido exhibidos en diversos reportajes publicados por el periodista Carlos Loret de Mola en el portal de noticias Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los señalamientos contra Almícar Olán
Desde el pasado 6 de diciembre de 2023, MCCI publicó la investigación Del INSABI a gobierno morenistas: así beneficiaron recursos federales a empresas de amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, en la que se expuso que entre 2020 y 2022 la empresa Romedic, propiedad de Olán Aparicio, recibió más de 490 millones de pesos del erario público.
De acuerdo con la investigación, este beneficio se dio gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo, pese a ser una empresa de reciente creación y no cumplir con la regulación sanitaria.
En el texto, además de su relación de amistad con Andy López Beltrán, se detalló que Olán Aparicio también mantiene relaciones de negocios con César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, actual director general del IMSS-Bienestar y excoordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI, dependencia de donde salieron los recursos federales que terminaron beneficiando a su empresa.
Días después, el 14 de diciembre de 2023, MCCI publicó la investigación Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas en la que señaló que Amílcar Olán compró en tan solo un millón de pesos un terreno de 180 hectáreas, precio muy por debajo de lo comercia, mismo predio que era rentado por la empresa ICA Flour, una de las mayores contratistas de la refinería Dos Bocas.
De acuerdo con la escritura obtenida por la organización, dicha compra se realizó el 7 de diciembre de 2018, tan solo seis días después de iniciado el gobierno del presidente López Obrador.
Más tarde, el 15 de enero de 2024, MCCI volvió a publicar otra nota titulada Amigo de Andy hace negocios con contratista de Pemex, en la que se mostró la compra de otro terreno de mil metros cuadrados en tan solo un millón 500 mil pesos, terreno que pertenecía a Luis Carlos Vizcarra Millán, dueño de la empresa Perfolat que ha ganado contratos multimillonarios con Pemex en la actual administración.
Finalmente, el 4 de abril de 2024, MCCI publicó otra investigación titulada Nuevo audio: Amílcar Olán afirma que hijo de AMLO le prometió unas minas en Oaxaca, en el que se exhibió un audio -sin editar- entre Amílcar y otro interlocutor, quienes hablan sobre una nueva oferta de mina en Oaxaca para producir balasto.
Esta última investigación fue especialmente importante debido a que, en día anteriores, se había expuesto que los hijos del presidente López Obrador presuntamente habían hecho negocio con la compra-venta del balasto, mineral utilizado para colocar los rieles del Tren Maya, en Cancún, Quintana Roo.
La demanda de Amílcar contra el Poder Judicial
Por las filtraciones anteriormente expuestas, Amílcar Olán presentó una demanda de amparo el pasado 2 de mayo de 2024, recurso que fue ingresado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo un día después.
En dicho recurso, Olán Aparicio asegura que con las supuestas intervenciones telefónicas y localización geográfica autorizadas en su contra y su exposición, las autoridades judiciales violaron los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución, que establecen entre otras cosas sus derechos a no ser molestado y a no ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
Por esta razón, el Juzgado le solicitó informar si lo que realmente pretende reclamar es la integración de alguna carpeta de investigación instruida en su contra y de ser así especifique las autoridades investigadoras a las que les atribuye dicho acto.
Además, le solicitó que narre todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación a la supuesta intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real y el acceso de datos conservados por concesionarias de telecomunicaciones.
“Con base en el requerimiento antes señalado, informe si tiene conocimiento de la existencia de algún proceso penal instruido en su contra [y] si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos”, señaló el juez, que no fijó fecha para ninguna audiencia en tanto Olán Aparicio no responda el requerimiento. (Fuente: animalpolitico.com)
