La administración de la gobernadora electa Mara Lezama por conducto de la o el titular de la STyPS, tendrá en sus manos proponer ante el Congreso del Estado modificaciones a la ley del Instituto de la Defensoría Pública, con lo cual se dotaría de defensores de oficio en materia laboral a los trabajadores y los micros y pequeños empresarios, en lo que sería la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral.
Catalina Portillo Navarro, secretaria del trabajo y previsión social, en Quintana Roo, destacó que las bases ya están dadas en lo que respecta a justicia laboral y entre los pendientes además de pugnar por defensores de oficio, de igual forma el nuevo gobierno tendrá la tarea de extinguir las Juntas Locales y las 5 especiales de Conciliación y Arbitraje en el Estad ya que diciembre del 2023 es la fecha límite para ello.
“Ya se implementó pero debe haber una consolidación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que esto marche y fluya de manera correcta en beneficio de la clase trabajadora y de todos los justiciables” indicó.
Resaltó que a través de una empresa internacional concluyó con la digitalización de los 13 mil expedientes colectivos iniciados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado, esto luego de que los Tribunales Laborales iniciaron operaciones en diciembre del 2021.
Insistió que uno de los pendientes que deberá reforzar la siguiente administración estatal es la contratación de personal, es decir contratar defensores de oficio para los trabajadores que acudan a interponer una demanda laboral en los tribunales, con la finalidad de darle celeridad y la representación legal ante los tribunales laborales y la formalidad de las demandas.
