Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscalía en Combate a la Corrupción de Quintana Roo aseguró que, en la administración de Carlos Joaquín, se cumplió en materia anticorrupción ya que se han recuperado más de mil 900 millones de pesos a favor del estado, ello pese a que la gran mayoría de los ex funcionarios pertenecientes al gobierno de Roberto Borge, han quedado libres.
Además, Villanueva Arzapalo, reconoció que la percepción ciudadana tiene respecto a la poca o nula efectividad de la Fiscalía que encabeza dentro del postulado de la administración de Carlos Joaquín en materia de combate a la corrupción “el que la hace la paga”, se debe a la falta de socialización y ciudadanización de las actividades que realizan como servidores públicos.
“Al menos en el tema penalmente hablando o de recuperación en lo que le compete a la fiscalía, nosotros estamos satisfechos con el logro, ya que Quintana Roo tuvo una buena recuperación económica”, afirmó.
Y si bien fueron recuperados más de mil 900 millones de pesos, existen diversos ex funcionarios que se encuentran en libertad, a lo cual Villanueva Arzápalo reconoció que esto se debe a la determinación de los jueces, pues varias de las sentencias pueden ser llevadas fuera de la cárcel.
Presumió que la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, es una de las 5 mejores a nivel nacional y se encuentra dentro de los primeros 3 lugares con procesos innovadores y mejores prácticas así como dentro de los 5 mejores en vinculaciones a proceso y en recuperación de activos en el primer lugar.
La entrevistada mencionó que se tuvieron grandes logros, ya que el principal objetivo era recuperar el patrimonio de la entidad peses a que consideraron que sería un proceso complejo y que llevaba una investigación prolongada.
“Aquí los procedimientos los seguimos el sistema penal adversarial y en el código nacional de procedimientos penales establecen como medida cautelar que estas pueden ser variadas cuando cambien la cuestión jurídica de los imputados, recordemos que ningún delito de acto de corrupción es de prisión preventiva oficiosa”, afirmó.
Reiteró que continuarán con las investigaciones no solo en el ámbito estatal, sino que también en el ámbito municipal ya que actualmente existen procedimientos jurídicos en al menos siete municipios del Estado, entre ellos Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Felipe Carillo Puerto y Othón P. Blanco.
