También llamada obediencia jerárquica, cumplimiento de mandatos antijurídicos o cumplimiento de órdenes antijurídicas, la obediencia debida es una situación del Derecho Penal que exime de responsabilidad en esa materia por delitos cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico.
El subordinado, autor material de los hechos, se beneficia de esta eximente y deja subsistente la sanción penal de su superior, en una situación que se relaciona habitualmente con la actividad castrense, ante la subordinación que los miembros de una jerarquía militar deben rendir a sus superiores en el servicio prestado, aunque se puede presentar en otras actividades de Derecho público, como la Administración.
La mayor parte de la doctrina penal utiliza la “obediencia debida”, aunque se ha criticado la denominación por implicar que podría establecer un “deber de acatamiento absoluto”, aun en caso de órdenes que supongan realizar hechos delictivos.
Así, esta situación resultaría ilógica y contradictoria, pues un principio universalmente aceptado del Derecho es que lo ordenado no puede estar al mismo tiempo prohibido y viceversa, y de ahí que no pocos prefieran designar esta obediencia como cumplimiento de mandatos antijurídicos.
Por cierto, conforme a la forma como la obediencia debida se presente en la ley, se clasifica en absoluta, en virtud de la cual el subordinado está obligado a cumplir las órdenes lícitas e ilícitas (antijurídicas) de su superior, y se subclasifica en Obediencia reflexiva, ciega y relativa, etc., etc.
Lo cierto es que este marco en torno a la obediencia viene precisamente a colación con el multi señalado caso del ex gobernador Roberto Borge, ya que por dondequiera que se indague surge la recurrente excepción de no pocos presuntos implicados, en el sentido de que sólo se limitaron a obedecer órdenes de sus jefes directos, o bien “de allá arriba”.
Desde luego que esto es en alusión al renombrado ex gobernador, aunque no pocas veces éste ni siquiera estuviera enterado, o bien sólo se limitara a firmar documento tras documento que, quienes han estado en algún nivel jerárquico superior, abundan día tras día y, en obvio de tiempo y espacio, suelen firmar sin revisar su contenido a conciencia.
Desde luego que ello no los exime de responsabilidad alguna por tratarse de precisamente de una obligación, más aun tratándose de manejo de recursos, y ni qué decir en tratándose de multimillonarios recursos, como los que, por ejemplo, “manejó” a su antojo en ex titular de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina.
Ahora bien, el tema de la obediencia, que bien puede aplicarse a la reacción de “hacerse al mismo”, vine al caso en relación con la comparecencia del Auditor Superior interino del Estado, Manuel Palacios Herrera, quien reconoció ante la XV Legislatura que durante la gestión de Roberto Borge conoció de irregularidades por más de ¡11.8 mil millones de pesos! en diversas dependencias estatales y Ayuntamientos.
Abundó que 84 ex funcionarios estaban involucrados en estos malos manejos y que, él habría estado en contra de las irregularidades, toleradas en diversos organismos de gobierno, pero que no presentó su renuncia porque su trabajo representa su única fuente de ingresos, aunque derivaron en 27 denuncias que se interpondrán ante la Fiscalía General del Estado.
Nunca dijo si sus entonces jefes director lo presionaran implícita o explícitamente para hacerse al ciego, sordo o mudo, pero el caso es que nos obligó a forzar la memoria para remitirnos 38 años atrás, concretamente en septiembre de 1979, con ocasión de la ejecución de tres reos federales que se habrían amotinado en el desaparecido penal Juárez de Mérida, Yucatán.
Se trataba de Francisco López Durán, Jesús Jiménez García y Jaime Pérez Cortés, quienes se apoderaron de dos juzgados y tomaron como rehenes a 23 personas para negociar su libertad. Finalmente fueron detenidos vivos y trasladados a la Policía Federal de Caminos, tras lo cual los presentaron muertos.
Uno de los principales sospechosos de la ejecución era el desaparecido Miguel Nazar Haro, entonces titular de la temida Dirección Federal de Seguridad, quien llegó a Mérida a resolver el motín, pero también se relacionó en los días siguientes a Vargas Cruz, quien habría señalado en una entrevista que no habrían matado a los presos, pero que “si mi jefe me ordena matar, mato”, en alusión a Luna Kan.
Ahora bien, el tema de la declaración de Palacios Herrera en torno a las irregularidades en los ejercicios fiscales 2015 y 2016, obliga a pensar, en primera instancia, si sería el candidato ideal para ocupar la titularidad vacante de la Auditoría Superior, ya que, reiteramos, sabía de las anomalías de la anterior administración, pero “por decisiones jerárquicas” nunca se hicieron públicas.
Lo curioso del caso es que también aceptó que estos procedimientos los realizó el mismo personal con años laborando en ese organismo, y que hacía tiempo se habían detectado esas anomalías que, aclaró, se presentaron las observaciones pertinentes al entonces titular de la Auditoría Superior, pero éste no hizo nada al respecto.
El funcionario reiteró que, pese a que en su momento estuvo en contra de las toleradas irregularidades de diversas dependencias, no renunció porque es su única fuente de ingresos, aunque explicó que el propósito de las denuncias es que estos ex servidores públicos resarzan los daños y perjuicios en las haciendas estatal y municipales, lo que será responsabilidad de la Fiscalía General.
Conforme al desglose de irregularidades, en 2015, en la Secretaría de Desarrollo Rural hubo desviaciones por mil 522 millones de pesos, con 17 involucrados, mientras que en 2016 las irregularidades ascendieron a mil 853 millones y otros 17 involucrados.
En Finanzas, la demanda del 2015 será por 982 millones contra 17 funcionarios, y para el 2016, por 574 millones e igual número de acusados; en VIP (619 millones y nueve funcionarios); en CAPA, en el ejercicio 2015, van por 606 millones contra tres, y en 2015, por mil 055 millones contra tres también; en el SQCS, por 5.8 millones contra seis, y 778.6 millones contra dos.
Respecto a Sefiplan, mil millones contra cinco, y otro concepto por 706 millones contra siete; Tribunal Superior de Justicia (ejercicio 2016), por 2.1 millones contra seis funcionarios; en IPAE, por mil 444 millones de pesos contra cinco, y en la Secretaría de Salud la denuncia será por 332.2 millones contra cuatro funcionarios.
Las denuncias también alcanzarán a ex funcionarios de Othón P. Blanco, por 2.8 millones de pesos, contra cinco funcionarios; de Felipe Carrillo Puerto, 23 millones; otro por 1.5 millones, y otro más por 1.5 millones, todos contra cinco.
Por Solidaridad, se interpondrá denuncia por 88.4 millones contra siete; en Lázaro Cárdenas, por 7.1 millones y 2.2 millones en los ejercicios 2015 y 2016; Cozumel, por 1.3 millones contra dos; Tulum, 120.4 y 14.1 millones contra cuatro; Puerto Morelos, 28.2 millones contra siete funcionarios; Isla Mujeres, 67.6 millones, contra cinco, y 69.1 millones en los ejercicios 2015 y 2016.
La pregunta obligada es si, ante los señalamientos directos de Palacios Herrera la Fiscalía se verá obligada a proceder contra el ex titular de la Dirección Estatal de Comunicaciones y Transportes y de la Auditoría Superior el 25 de junio de 2016, Javier Félix Zetina González, primo “incómodo” del gobernador Carlos Joaquín González y del ex gobernador priísta Félix González.
Hasta donde se cree, Zetina González, por instrucciones del primer primo, fue sospechosamente marginado de varias investigaciones de la Fiscalía General -a cambio de incriminar a enemigos del Jefe del Ejecutivo-, la última de ellas en torno a la desviación de recursos en VIP Saesa, por lo que será interesante observar cómo maneja el tema Miguel Ángel Pech.
Más interesante aún será determinar su papel en torno a Emiliano Novelo Rivero, quien fungiera como Auditor Superior desde la administración de Félix González y del propio Roberto Borge, ya que la sospecha unánime fue que, a cambio de impunidad, habría “negociado” su renuncia con Carlos Joaquín a mediados de junio de 2016.
¡Vaya marco para el I Informe de gobierno de Quintana Roo
